Acuse de recibo
Jesús Peña, residente en La Rosita, en el municipio villaclareño de Sagua la Grande, lamentaba aquí el pasado 7 de julio las fallidas aspiraciones de él y su compañero de trabajo, Mariano Falcón, de continuar beneficiándose con el usufructo de tierras ociosas, mediante el Decreto Ley 259.
El remitente relataba que les entregaron en usufructo dos caballerías de tierra que estaban ociosas, pertenecientes a la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) José Antonio Bacallao, adscrita a la Empresa Azucarera Héctor Rodríguez.
El contrato fungía por un año. Las alistaron y trabajaron con mucho sacrificio. Y en el 2009 aportaron 4 mil quintales de arroz, lo cual los situaba entre los mejores productores del grano en el territorio.
Pero ahora el Delegado de la Agricultura en el municipio les solicitaba que, como está conveniado, devolvieran las tierras, pues la UBPC las necesita. Hombres de trabajo al fin, insistieron en no perder lo que ya estaban haciendo fructificar. Y el Delegado les prometió que conversaría con el Director de la empresa azucarera.
Pero todo se inclinaba contra sus ansias arroceras. Posteriormente les dijeron que sembraran caña, y estuvieron de acuerdo. Y al final fue imposible.
Para los obsesionados productores de arroz, aunque legal y correcto el paso, era triste abandonar el área después de que la habían rescatado del olvido y la inercia.
Al respecto, responde a esta sección el ministro del Azúcar, Orlando C. García, para esclarecer la parte de ese organismo en esta historia:
Significa el titular que las tierras ociosas del Ministerio del Azúcar (MINAZ), pertenecientes al fondo de caña, se entregan en usufructo a partir del análisis de la estrategia de siembra de la unidad productora y la empresa correspondientes; lo cual define el tiempo a contratar para su explotación por los usufructuarios, expresado en el convenio.
En el caso de Peña y Falcón, les entregaron las tierras por el término de un año, ya que el área estaba prevista para sembrar caña en abril de 2010. Y fue aceptado por ambos, al firmar el contrato.
«Por razones del clima —precisa el Ministro— no se pudo preparar la tierra, motivo por el cual se autorizó alargar el plazo del contrato hasta julio de 2010, lo que permitía que pudieran cosechar, pues al término del convenio oficial el área estaba sembrada de arroz».
Apunta el titular que, sopesando la prioridad y urgencia del territorio en la producción de arroz, y considerando el artículo 14 del Decreto Ley 259 para la aplicación de la extinción del contrato, se evaluaron las solicitudes de los campesinos y se les ofertaron nuevas áreas.
Peña realizó el pasado 25 de junio una nueva solicitud de 13,42 hectáreas en el Bloque 64, perteneciente a la UBPC Juan C. Vargas, de la propia Empresa Azucarera Héctor Rodríguez. Esa solicitud ya está en término y en espera del certifico catastral, asegura.
Refiere el Ministro que al comprobarse morosidad en la respuesta y en los trámites legales, fueron sancionados el Director de Caña y el Especialista de Tierra de la Empresa Azucarera Héctor Rodríguez. Y se propuso, además, la aplicación de medida disciplinaria al jefe de la UBPC José Antonio Bacallao, la cual debe ser aprobada por la unidad productora.
Agradezco la respuesta. Si bien lo correcto y legal era cumplir con lo conveniado al extinguirse el contrato, la solución esgrimida posteriormente, para dos hombres que desean contribuir a la economía del país, demuestra que siempre hay una reserva inexplorada.
Lo importante es que no esté «ociosa» la voluntad de quienes deben batallar contra el flagelo tan paralizante de las tierras ociosas.
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