Acuse de recibo
La ingeniera Celia Guerra (5ta. No. 209406, entre 294 y 296, Santa Fe, Playa, Ciudad de La Habana) tuvo un hallazgo en el Archivo de la Dirección Provincial de Educación de la capital, sito en 7ma. entre 32 y 34, municipio de Playa. Un hallazgo que la ha hecho meditar mucho.
El 8 de junio pasado Celia acudió a esa institución para gestionar una constancia sobre sus estudios de Bachillerato en Tarará. Y la necesita porque, como aquel régimen docente tenía normativas laborales, los años allí le valen para su jubilación.
Muchas personas acuden a ese archivo diariamente; y, al igual que ella, solicitan constancias de los años 60 y 70, las cuales hay que localizarlas minuciosamente. Cualquiera pensaría que le espera allí uno de esos trámites interminables, que se sufren en muchos sitios donde se solicitan documentos de años atrás.
Pero no; felizmente Celia presenció allí algo estimulante: «Un trato excepcional a cuantas personas llegaban en busca de documentos; una atención tan esmerada que, cuando me entregaron el mío, se lo expresé al compañero Nelson Llinás, asesor del Departamento de Títulos, Diplomas y Control de Graduados y responsable de dicho archivo».
Casi estupefacta, Celia contrasta: «No es usual, lamentablemente para todos, recibir en un lugar con esas características un trato tan elegante. Cuando usted sale de allí, se va complacido y contento y con mucho reconocimiento a ese pequeño colectivo, dirigido por Nelson».
Entonces Celia se pregunta si acaso estos trabajadores no viven en este país, en medio de las mismas dificultades. «¿Por qué es tan difícil encontrar ejemplos tan correctos como este?», remacha al final.
Juan Tortosa (Calzada de Bejucal No. 26759, Las Cañas, Calabazar, municipio de Boyeros, Ciudad de La Habana) piensa que sufrimos una verdadera plaga de la indisciplina y la pésima calidad en la prestación de los servicios.
Considera que el recurrente recurso de sanciones y despidos no resolverá en esencia el problema, algo con lo que este redactor coincide. Y él sugiere que se potencie mucho más la figura de la indemnización al afectado, a la cual estaría obligado, de su bolsillo, tanto el trabajador que perjudica como quien lo dirige.
«¿Que puede ser complicado implantarlo?», pregunta, y de inmediato se responde: «A lo mejor; pero de lo que sí debemos estar seguros es que es muy difícil aguantar tanto maltrato. De alguna forma hay que educar al que presta un servicio público».
La propuesta de Tortosa a este redactor no le parece inviable ni absurda. La indemnización es una figura muy extendida en el mundo. Lo que no debía ser la única. En el sector específico del comercio, la gastronomía y otros servicios personales, además de ese mecanismo compensatorio, se requiere una verdadera transformación estructural y funcional, que aligere la carga al Estado y la descentralice en variadas y atractivas formas de gestión cooperativa, familiar e individual, que refuercen el sentido de pertenencia bajo una disciplina fiscal.
Tortosa también considera que en las instituciones que no se preocupen por atender las quejas de los ciudadanos, el jefe debe ser sustituido. Y recuerda que nuestra Constitución establece la obligación del funcionario de responder las quejas y planteamientos de los ciudadanos. ¿Acaso quieren estar por encima de la Ley quienes no lo cumplan?
En este segundo aspecto, digo más: las evaluaciones sistemáticas de los funcionarios, de las cuales dependiera su permanencia y desarrollo en el cargo, debían privilegiar el análisis de su devoción a atender las quejas de la población. Debieran ser decisivas la sensibilidad y acometividad ante los problemas de nuestra gente, eso que el Che sintetizó brillantemente en aquel alegato tan vigente: «El cuadro: columna vertebral de la Revolución».
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