Acuse de recibo
Llegó a esta sección el pasado 1ro. de abril —aunque está fechada el 21 de diciembre de 2009—, la carta de la doctora Ondina Ramos, directora de Salud en la provincia de Matanzas, en respuesta a la denuncia de la cardenense Yaima Valladares, reflejada aquí el 20 de noviembre de 2009.
Entonces Yaima refería que prestaba servicios en el policlínico José Antonio Echeverría, de la Ciudad Bandera, hasta tanto el Manuel Piti Fajardo culminara su reparación. Ella culminó la Licenciatura en Tecnología de la Salud, perfil Estomatología, en julio de 2008, y aún no se lo habían considerado a los efectos del salario.
Al principio, y título en mano, Yaima fue a Recursos Humanos de su centro a entregar fotocopia del mismo. Y le dijeron que aún no se había creado la plaza correspondiente. Debía esperar hasta fines de año, cuando estuviera el modelo P-2, para la plaza en Tecnología de la Salud. Una vez aprobado el P-2, en 2009 comenzaría a cobrar el aumento.
Ella esperó el 2009, y todo siguió igual. Cansada ya, fue a la Dirección de Salud de Cárdenas, y le dijeron que el P-2 se había enviado a la Dirección Provincial de Salud y no lo habían aceptado porque tenía errores.
Yaima esperó varios meses más, y volvió a la Dirección Provincial: le informaron que mientras Cárdenas enviara el P-2 con errores no podían aprobar la plaza. Varias veces habían tenido que rechazarlo.
Yaima retornó a la Dirección Municipal de Salud, y entonces le plantearon que la culpa era de las unidades de Salud. Y estas aducían que nunca se les orientó cómo era. Que Matanzas rechazaba el P-2, pero nunca les señalaba dónde estaba el error. Era un saltimbanqui de culpas; no aparecía la verdad.
Al respecto, la doctora Ondina reconoce que lo sucedido «es responsabilidad absoluta del sistema de salud pública matancero: Recursos Humanos del policlínico no elaboró ni en fecha ni con la calidad establecida el documento oficial para efectuar y aprobar el pago a la trabajadora.
«La Dirección Municipal de Salud de Cárdenas no garantizó la revisión y asesoramiento para la realización de ese modelo. Y el Departamento Provincial de Recursos Humanos rechaza el P-2, por no cumplir con los requisitos, sin realizar orientación metodológica ni garantizar que se culminara la tarea en la Dirección Municipal.
«No se alerta —prosigue— a la Vicedirección de Economía, por el Departamento Provincial (de Recursos Humanos), ni por la Dirección Municipal (de Salud), de la situación, a pesar de existir escenarios para ello: consejos económicos provinciales, visitas al municipio con evidencias de supervisiones, e intercambios con el área económica».
Para evitar que hechos tales se repitan, apunta la doctora Ondina, desde agosto de 2009 el jefe del Departamento Provincial de Recursos Humanos fue liberado de su cargo y realiza otras funciones. Se sustituyó al Vicedirector Económico de Salud en Cárdenas, por ser el máximo responsable de esa y otras indisciplinas. Y se le aplicó una amonestación pública a la especialista Alicia Ileana López, que atiende la actividad en el Departamento Provincial.
Señala la funcionaria que, en reunión con Yaima y otros trabajadores igualmente afectados, más la administración, se explicó todo lo sucedido, y se hizo el compromiso con los primeros de realizar el pago correspondiente.
Agradezco la respuesta de la doctora Ondina. Se supone que de entonces a acá se haya hecho justicia definitivamente. Es una historia más de cómo, por indolencia e ineficiencia administrativa, se afectan los derechos de los trabajadores y sus respectivas economías.
Ojalá que con las medidas adoptadas no se repita tal vergüenza, pero el castigo ya al final no siempre logra ser inhibitorio. Hacen falta mucho control y rigurosa exigencia también desde arriba y a tiempo, para evitar que la chapucería y la irresponsabilidad hagan de las suyas ante nuestros ojos.
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