Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

La doctora Juana Ortuño (calle 7ma. Edificio 18 plantas, piso 12, apartamento 46, Reparto Jesús Menéndez, Bayamo) tiene razones para desconfiar de Correos de Cuba, porque lleva un año y nueve meses esperando por que un bulto postal que envió desde Timor Leste, donde cumplía una misión internacionalista, llegue a su hogar.

Relata Juana que han sido incontables las veces en que ha llamado para hacer la reclamación en el Centro Nacional de Clasificación sito en 100 y Boyeros, en la capital, y aún no sabe del paradero de su paquete.

«Cada vez que logro comunicarme —señala—, me remiten con una persona diferente, cuya respuesta es ambigua, como casi todas. Así, me he comunicado con María Elena, de Atención a la Población, Nancy, Carmen, Francoise, entre otras; y en cada ocasión es como si se desayunaran con el mismo asunto».

Refiere la doctora que no ha vuelto a llamar, porque es incosteable la cuenta telefónica. En ocasiones, le han dicho que espere, y a los 20 minutos ha tenido que colgar, porque nadie vuelve a tomar el teléfono.

Hace tres meses, consigna, después de unas llamadas, respondió María Elena que el bulto había aparecido, que se comunicara con Nancy, para saber cuándo se iba a enviar. A los 20 días, Juana volvió a llamar, y recomenzó la pesadilla, cuando le contestaron que, erróneamente, se había enviado a Camagüey.

«Espero que si algún día aparece —porque todo parece indicar un triste destino de las pertenencias que no fueron un regalo, sino algo muy caro y querido, que los internacionalistas enviamos a nuestros familiares—, que no llegue lleno de piedras y casi vacío, como le ha sucedido a otros colegas», expresa.

Justos por pecadores

La doctora Inés Domínguez (Marina 51, apto. 51, entre Jovellar y Hornos, Centro Habana) se siente tratada injustamente por la Empresa Eléctrica, como una vulgar transgresora.

Cuenta que el pasado 6 de octubre, mientras se encontraba en su trabajo, se personaron en su domicilio dos inspectores de esa entidad. Le dijeron a su mamá que debían revisar los comprobantes de pago y los efectos eléctricos que poseen. Luego, le solicitaron que los acompañara al sótano del edificio, donde se encuentran los relojes contadores.

Al llegar allí, uno de ellos le comunicó a la señora que el reloj se encontraba sin sellos y, según él, adulterado su funcionamiento, para que marcara la mitad del consumo real. No había en ese instante ningún vecino que sirviera de testigo. La señora no salía de su asombro ante «la mala forma» con que los inspectores trataban el asunto. Ellos le dieron el comprobante de una multa de 500 pesos, «por un delito todavía a estas alturas inconcebible para quien jamás ha visto el lugar donde se encuentran esos aparatos, y que ni siquiera tenemos el contacto con el responsable de cobrar y leer, ya que pagamos por tele banca y solo nos dejan por debajo de la puerta los avisos».

Al otro día, Inés fue a las oficinas de la empresa para hacer su reclamación. Y comenta: «No puedo concebir que el jefe de inspectores me dijera que estas sanciones son inapelables; y que solo faltaba que un laboratorio confirmara la supuesta alteración del reloj, que es nuevo… También me dice que no es ningún alegato defensivo el que paguemos mensual e históricamente alrededor de 200 pesos por el consumo, donde solo vivimos mi madre, mi hija y yo.

«Desconozco quién pudo, y con qué turbio objetivo, manipular nuestro metro contador que, según el jefe de inspectores, es algo que se puede hacer en corto tiempo y con facilidad. Estoy consciente de los esfuerzos del país y de que se tomen medidas para evitar los fraudes, pero deben analizarse puntualmente los casos con métodos más objetivos para evitar que paguen justos por pecadores», señala Inés.