Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El 1ro. de octubre esta columna reflejó la queja de Carmen Álvarez Zúñiga, vecina de calle 204, número 1306, entre 13 y 15, municipio capitalino de Playa. Dos viviendas que colindan con su casa tenían cochiqueras con cerdos, con las lógicas molestias a la salud humana y los desagradables olores que ello entraña.

Carmen alertó a los vecinos y no le hicieron caso. Hizo entonces varias denuncias en Higiene y Epidemiología del policlínico; la visitó una inspectora, pero todo siguió igual. Por último, el especialista de Higiene y Epidemiología del policlínico le comentó que él tuvo ese mismo problema, y lo solucionó... ¡con un machete! Y Carmen, indignada, cuestionaba si esa era la forma de resolver los problemas, al tiempo que emplazaba a que se cumpliera la ley.

Ahora responde la doctora Ana Tacoronte Morales, de la Vicedirección de Salud Ambiental, del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Ciudad de La Habana, quien aclara que una comisión visitó el lugar y aplicó multas a los vecinos que transgredían el Decreto Ley 272, relativo a la prohibición de estas prácticas en zonas urbanas. Y también se dispuso la retirada de los cerdos, al tiempo que se analizó el precedente con los vecinos y con los funcionarios del área.

En nombre de la convivencia y el respeto, se agradecen la respuesta y las acciones tomadas. Pero inevitablemente uno tiene que preguntarse: ¿Por qué los acontecimientos no se resolvieron así antes de que esta sección revelara la denuncia? ¿No estará sucediendo algo similar en otros sitios, ante la vista gorda de quienes tienen que hacer cumplir el Decreto Ley 272?

Noroelia Pardo Negret al fin verá una luz de esperanza, con la respuesta que ofrece Gilberto Saunder, director provincial de la Vivienda en Santiago de Cuba, a propósito de la denuncia de esa lectora, reflejada aquí el pasado 23 de agosto.

Noroelia, vecina del albergue sito en Lauro Fuente 104, entre Gallo y Jobito, en la ciudad de Santiago de Cuba, narraba entonces que en 1987 su vivienda, en calle 9 número 17, en el reparto Arte y Oficio de esa urbe, fue devastada por un incendio. Y en el mismo su bebé de nueve meses recibió graves quemaduras que le provocaron la muerte.

Desde entonces la mujer y su hija mayor fueron enviadas a ocupar un cuarto en el citado albergue, donde supuestamente debían permanecer seis meses. Pero continúan viviendo allí, donde las condiciones no son las más adecuadas. Y dos años después del siniestro, alumbró otra niña, que presenta un ligero retraso mental.

La remitente contaba en su carta que en las dos décadas transcurridas ha acudido a las autoridades del territorio, y ni siquiera le han vendido materiales de construcción.

Precisa el director provincial de la Vivienda que a raíz de publicada la queja, se designó una comisión que estudió el caso: junto al de Noroelia, residen en el albergue cuatro núcleos familiares más. Y la instalación presenta malas condiciones técnico-constructivas, que requieren de acciones de rehabilitación, con el fin de darles mejores condiciones a todas las habitaciones.

En entrevista con Noroelia, ella planteó que necesita se mejoren las condiciones del local, pues ya de por sí su núcleo familiar, compuesto por cuatro adultos, vive en hacinamiento.

Luego de los análisis efectuados y de la revisión exhaustiva del expediente, afirma Saunder, se decidió accionar en la reparación del inmueble, que comprende el mejoramiento de la cubierta, paredes, instalaciones sanitarias y eléctricas, que permitan convertir dichos cuartos en viviendas mínimas adecuadas.

Para ello se convocó a la participación en las obras de los vecinos de los cinco núcleos, los cuales saldrán beneficiados en su totalidad.