Acuse de recibo
Así como el campesino tiene deberes para con el Estado, así las empresas agrícolas están obligadas a cumplir en tiempo y forma sus compromisos contractuales con ese productor tan esencial, que garantiza los frutos de la tierra.
Hoy traigo dos respuestas a sendas denuncias reflejadas aquí en cuanto a morosidades y dilaciones en pagos a los productores, por parte de entidades del agro. Los dos se han resuelto, pero de alguna manera estas historias alertan de la necesidad de ser más rigurosos y exigentes con los incumplimientos en las relaciones con el campesinado.
La primera queja la evacuó Rubén Águila el 21 de noviembre de 2007, en nombre de los criadores de conejos de Villa Clara: la Empresa de Ganado Menor (EGAME) representaba deudas dilatadas con ellos en cuanto a pagos de las producciones y suministro de los piensos conveniados, lo que estaba desestimulando sobremanera a esos productores.
Al respecto, responde José Ramón Panceira, director de la EGAME, que esa entidad, a partir de una crítica situación en el 2005, adoptó un paquete de medidas que ha permitido triplicar en todo el país el acopio de carne en pie, cuadruplicar la venta de carne para el consumo y duplicar la sustitución de importaciones en el 2007 con respecto al 2006.
Precisa que, aun con esas medidas, la deuda se ha ido resolviendo progresivamente en el 2007, en tanto va mejorando la situación de la Empresa. Y entre los casos por resolver, están los de esos nueve productores del municipio de Encrucijada, a los cuales se les pagará de inmediato con el pienso acumulado por puntos. El pago de las producciones ya está resuelto, y funciona una cuenta bancaria que garantiza que no se repitan tales aletargamientos de los adeudos. Y en cuanto a los medicamentos que se les suministran para el ganado, hubo problemas de disponibilidad en el país, pero, desde septiembre de 2007, se les comenzaron a garantizar los mismos.
Reconoce Panceira tales errores y deficiencias. Se disculparon directamente con los productores y asegura que esa entidad no tolerará ni propiciará que tales hechos se repitan.
La segunda respuesta la envía Juan del Campo, director de Cobros y Pagos del Ministerio de la Agricultura, a propósito de la queja del lector Héctor Quintana, reflejada en esta sección el 31 de octubre de 2007.
Entonces, Héctor denunciaba que el Plan Pecuario Santa Cruz del Norte, en la provincia de La Habana, dos años atrás le había comprado ganado vacuno a su suegro, Pedro Celestino Alpízar, miembro de la Cooperativa de Crédito y Servicio fortalecida Frank País. Y todavía no le había pagado los 556,68 CUC que le debía.
Asimismo, revelaba que esa entidad debía más de 5 000 CUC a 18 campesinos más, a algunos de ellos desde hacía cinco años. Y el Plan les decía que no contaba con fondos para solventar el adeudo. De «degradantes» calificaba Héctor esos hechos.
Al respecto, señala Del Campo que «era cierto que no se había honrado el compromiso de pago de la divisa a través de facilitar capacidad de compra en la tienda de estímulos que existía en dicha empresa en el momento de la operación comercial, y que la misma cerró por razones ajenas a la entidad».
Y especifica que «existe un listado de 36 renglones de productos que la entidad ha estado ofertando, con la finalidad de ir saldando esta deuda, lo cual se comunicó al productor en el momento de la visita».
Y agrega el director que el productor estuvo de acuerdo con la solución dada.
Al margen del feliz final, y de agradecer la respuesta, uno se queda con ciertas dudas. No se explica qué «razones ajenas a la entidad» determinaron el cierre de la tienda de estímulos que era el mecanismo de pago a esos productores. Tampoco se aclara por qué la empresa deudora no le daba solución a ese compromiso, alegando falta de fondos. Es evidente que la oferta de los 36 renglones de productos no se manejó de inmediato, dejando a esos acreedores en la incertidumbre. De lo contrario, ¿por qué entonces la carta con la denuncia?