Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

«Sudando la gota gorda», como nos tiene el calentamiento global, el refrigerador ya es como el oxígeno para vivir. Pero la lentitud con que se atienden los refrigeradores rotos por irregularidades en el voltaje y otras razones imputables al sistema eléctrico, aconseja recordar que el «frío» no es un lujo. Quien provoca el daño está obligado a solucionarlo con agilidad, pues equipo roto no clasifica en los cambios de electrodomésticos que se acometen en la actualidad como estrategia ahorradora.

Si no, que hable María Victoria Ramos, de Estrada Palma 353, en Casablanca, municipio capitalino de Regla: cinco apagones en menos de media hora en su zona, una noche de junio, con vaivenes de voltaje, provocaron averías en su refrigerador.

Al otro día, va ella a la Organización Básica Eléctrica (OBE), y lo reporta. Un técnico de la OBE la visita y dictamina que el equipo se dañó por alto voltaje. Como ya el cambio de refrigeradores comenzó en Casablanca, le confeccionan el expediente 5157, que enviarían al Poder Popular, y este a su vez a los trabajadores sociales, para que la tengan en cuenta, pues ya su vivienda ha sido visitada para el censo, y aparece en el listado. Incluso le han entregado el compromiso de pago y el contrato para solicitar el crédito bancario.

El 5 de septiembre, cuando reciben la tercera visita de los trabajadores sociales, revisando los equipos, le informan que el suyo, por averiado, no se cambiará. Es responsabilidad de la OBE. Eso mismo le reitera el jefe de los trabajadores sociales en el Puesto de Mando. Y cuando ella llama a la OBE, le dicen que se lo tienen que cambiar, pues está expedientado...

La vice del Gobierno local argumenta lo mismo que el jefe de trabajadores sociales: es responsabilidad de la OBE. Pero la anima a que tenga confianza; se trabajaría allí hasta el sábado, y ese día le cambiarían su equipo.

El sábado va al Puesto de Mando. Allí, el presidente de Gobierno le ratifica que la OBE tiene que resolver el problema. Y le dice que no se preocupe y vaya para su casa, pues ningún caso de la OBE se resolverá en ese instante.

María Victoria confía, y pasan 20 días: ya se han cambiado los equipos en cuatro circunscripciones. Llama entonces a la OBE, y le comunican que cuando concluya toda Casablanca es que esta entidad hará los cambios suyos.

En su carta, fechada el 26 de septiembre, se pregunta por qué, a cuatro meses de romperse su refrigerador, continúa así, sin poder cambiarlo ni arreglarlo. «Ni esperanza siquiera... ya en verdad me cuesta trabajo creer cada respuesta que me dan».

También me escribe Humberto Díaz, de Calle Final, Edificio Cordón 8, apartamento 31, en el Reparto Eléctrico, municipio capitalino de Arroyo Naranjo: por alto voltaje, registrado cinco meses atrás en horas de la madrugada, su refrigerador se rompió. El carro de la OBE se personó y él lo notificó. A los tres días fue a las oficinas de Capdevila, y plantearon que se demoraba 30 días para que fueran los inspectores.

Humberto esperó el mes, y volvió: le dijeron que había «atraso». Debía aguardar diez días más. Transcurridos los diez días retornó, y entonces le dijeron que le iban a reafirmar la queja. Otros diez días —¡qué paciencia!— y le aseguraron que irían los inspectores el lunes siguiente. Todavía los estaba esperando cuando me escribió.

José Ramón Rodríguez cuenta también que hace más de tres meses se quemó un transformador donde él vive, en calle 10 número 13219, esquina a Embil, reparto Embil, en el municipio capitalino de Boyeros. Fue el carro de guardia y les dieron el NT-2365 para que reclamaran en la OBE, por los refrigeradores y ventiladores afectados.

Pero el 23 de septiembre pasado, cuando me escribió el lector, aún no habían ido los inspectores. Escribieron a la Empresa Eléctrica, y fue cuando los visitaron de la OBE de Boyeros. Pero ni así ha aparecido el inspector que debe comprobar. Llaman por teléfono, dejan recados... y nada. Ni una respuesta.

«No quiero ser injusto, pero no creo que estos funcionarios no tengan un minuto para atendernos», manifiesta con cautela el remitente, que bastante desesperado debe estar. Y esgrime sus derechos cuando cita el artículo 63 del capítulo VII de la Constitución de la República, que establece la obligatoriedad de que todo funcionario atienda y responda a los planteamientos de los ciudadanos.