Acuse de recibo
Esta columna estrena el nuevo año con el ansia de que en la «matemática social» de Cuba este 2007 predominen los signos de sumar y multiplicar, y vayamos desechando los de restar y dividir, cuando tanto necesitamos la unidad como pueblo y nación.
Enfatizo lo que ya había esbozado en el resumen de 2006, porque la injusticia o la desatención en el rincón más apartado, por diminutas que sean, desgajan la confianza de ese ser humano que las sufre, y lo dejan al pairo de la indefensión si no se reacciona a tiempo.
Quizá eso es lo que está sintiendo Caridad Rivero Reselló, vecina de calle segunda número 7, entre Carretera Central y Río, en el reparto Piña, de la ciudad de Camagüey, quien en nombre de muchas personas se cuestiona por qué fue clausurado el Proyecto Cultural Pista Abierta, de ese territorio.
Caridad, quien integró esa agrupación, relata que el colectivo, integrado por jóvenes militantes de la UJC, desarrollaba un trabajo artístico de gran aceptación en la población, pues constantemente llevaba la alegría a barrios, plazas públicas y comunidades rurales, sitios donde apenas hay recreación. Extendían su labor a hospitales, hogares de ancianos y hasta centros penitenciarios, y tenían una alta motivación social.
Refiere que sencillamente la Dirección de Cultura en la provincia dio por terminado el proyecto, y a pesar de todas las gestiones hechas, nada se ha conseguido.
Argumenta que incluso el popular programa Meridiano, de la emisora provincial Radio Cadena Agramonte, cuestionó la medida, y sin embargo nunca se atendió su reclamo ni se le dio respuesta. Caridad solicita un esclarecimiento de las razones por las cuales esa entidad consideró que no debía continuar un proyecto sano y exitoso, de mucha popularidad.
La segunda carta la envía Rosa Amelia Laurencio, una obrera del Combinado de Secado de Arroz Reynaldo León Llera, del complejo agroindustrial (CAI) arrocero Ruta Invasora, en Vertientes, provincia de Camagüey.
Rosa Amelia vive en el batey la Lima, allí donde mismo está el Combinado, y cuenta que desde que comenzó a laborar en el mismo primó la arbitrariedad, pues le hicieron un contrato por tiempo indeterminado, pero por ciclos. O sea, laboraba durante los tiempos de cosecha, y concluida esta iba para la casa, sin remuneración alguna y sin ser reubicada. Así permaneció cinco años.
En uno de esos períodos sin cosecha le propusieron una plaza en un punto de control del CAI, la cual ocupó durante dos años, hasta que enfermó y permaneció en su casa por varios días, con certificado médico.
Y fue cuando le dieron la plaza a otra trabajadora. Rosa Amelia se quedó sin ubicación ni remuneración alguna. Fue entonces que la obrera decidió jubilarse, pero le fue imposible, porque, como le habían dado un tratamiento incorrecto a su contrato de trabajo, no constaba todo el tiempo como trabajado.
Confiesa la remitente que acudió a la jefa de Recursos Humanos, al secretario del núcleo del Partido y al Sindicato, «los cuales hicieron caso omiso de lo que me sucedía»
Así, Rosa Amelia estuvo hasta julio de 2006, cuando hizo una reclamación al Órgano de Justicia Laboral del centro, el cual le dio respuesta cinco meses después: la declaró con lugar.
Al principio le comunicaron a la trabajadora que le pagarían todo el tiempo que permaneció sin devengar salario, pero al final le abonaron solo el correspondiente a los seis meses anteriores a la reclamación.
Rosa Amelia está inconforme, pues considera que «han tratado mi problema muy a la ligera, sin preocuparles cuánto puede repercutir en mí, pues dependo totalmente de mi salario y presento una situación difícil en la actualidad. Además, no han valorado que he sido una trabajadora que me caracterizo por cumplir eficientemente con la actividad que me encomienden dentro de mi contenido de trabajo. Es una falta de respeto que en una sociedad como la nuestra se haya dejado un trabajador a la deriva».
¿Quién responde por tales violaciones laborales?
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