Si alguien dudaba de que el trabajo en Cuba se ha desvalorizado durante años como fuente de ingresos personales y de riqueza pública, basta una cifra revelada en el Parlamento para preocuparse y ocuparse bastante, porque un país no se desarrolla así: más de un millón 200 000 cubanos en edad laboral no trabajan hoy en ninguna de las formas de gestión y propiedad por una u otra razón, y sí reciben los mismos subsidios a los productos normados y ciertos servicios.
La información la brindó Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, en una intervención sobre el inminente ordenamiento monetario. Una explicación transparente, que es parte de un estilo gubernamental de información e interactividad con la ciudadanía, acerca de los urgidos cambios que estremecen la economía y la sociedad.
Las radicales medidas que se vienen acelerando en la economía cubana, como el ordenamiento monetario inminente, la prioridad en los incentivos, la descentralización y la flexibilidad de las diversas formas de gestión y de propiedad, con similar énfasis en cada una, al final lo que persiguen es revalorizar el trabajo como surtidor de progreso público y personal. Todo lo que ha demorado en instrumentarse de los Lineamientos, hay que acelerarlo hoy en la situación económica más cruda, con los efectos pos-COVID-19 y de una crisis mundial, más el bloqueo estadounidense, ya republicano o demócrata.
Esa terapia saneadora de la nueva estrategia económica, que no de choque, aún así tendrá sus riesgos y ajustes en un primer momento con la devaluación del peso frente al dólar. Y es lógico que haya incertidumbre en la población, a la vez objeto y sujeto de los cambios.
Por eso son tan necesarios hoy la información y el diálogo permanentes, la argumentación, la búsqueda de consensos, la participación de las bases populares de la sociedad en las tareas de dirección y la delicadeza para tratar asuntos peliagudos, desde arriba hasta abajo. Afortunadamente, van quedando atrás viejos síndromes del misterio propios de los métodos centralizados y autoritarios de dirección.
Estamos transitando en el socialismo cubano de un modelo hegemónicamente estatal y paternalistamente vertical, hacia otro más iconoclasta, que privilegie horizontalmente el emprendimiento, la convivencia y complementación armoniosa de las diversas formas de gestión en torno al eje central de la llamada propiedad social de todo el pueblo. Habrá que dejar avanzar a todos: la empresa estatal socialista, la cooperativa, el sector privado y el inversionista extranjero; de manera que el trabajo, además de necesidad y certeza de progresar, cumpla aquel reclamo de la canción de Buena Fe: «Déjame ganármelo yo…»
Esta etapa, la más integradora y sistémica del proceso de actualización del modelo económico cubano, tendrá siempre riesgos; pero no hay mayor peligro que no atreverse y seguir administrando la economía con herramientas ya inservibles y melladas, repartiendo lo poco que genera. Hay que incentivar la riqueza sin remilgos ni temores, y del crecimiento de ella, cubrirle el camino a los más vulnerables. Pasar de un enfoque universal y generalista a tratamientos focalizados.
Eso sí, las políticas sociales tendrán que rearticularse mucho más activamente, para detectar a tiempo los efectos de los cambios y los asuntos a corregir, en inevitable dialéctica.
Cuba avanzará no precisamente administrando las crisis a la defensiva, si no fomentando e incentivando el desarrollo de todas las formas de gestión, sin pasar tanto trabajo para trabajar. Y en pos de elevar las riquezas del país, de manera que puedan redistribuirse estas con la mayor justicia posible. Sin olvidarnos los unos de los otros.
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