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Asedio de la oposición contra CDI de Palo Gordo. Autor: Tomada de Youtube Publicado: 21/09/2017 | 05:33 pm
CARACAS.— El curso de la investigación que realiza una comisión del parlamento venezolano sobre la violencia ocurrida en el país el 15 y 16 de abril dio este lunes un nuevo paso, al solicitar a la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evacuar las pruebas que se le presentarán sobre los hechos.
La comisión legislativa quedó instalada el miércoles, y la víspera presentó pruebas sobre actos vandálicos y conspirativos protagonizados por grupos de la derecha tras las declaraciones del ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski el mediodía del lunes 15 de abril, cuando desconoció los resultados electorales y llamó a sus seguidores a las calles.
Las acciones vandálicas de la semana anterior dejaron un saldo de nueve muertos y 78 heridos entre simpatizantes y militantes chavistas, en su mayoría víctimas inocentes y desprevenidas de la ira desatada tras el llamado de fuerza de la jerarquía opositora.
Los parlamentarios también informaron que la comisión se activará a lo largo de la República para recolectar evidencias gráficas, audiovisuales y orales de los daños a instalaciones económicas, sociales, políticas y médicas.
La comisión está integrada por 11 legisladores, y tiene entre sus encomiendas definir la responsabilidad de Capriles Radonski en los hechos desestabilizadores, denunciados por el ejecutivo como un intento de golpe de Estado.
El expediente podría conducir a una investigación penal contra el político ultraderechista, actual gobernador del estado Miranda —asiento principal de la oligarquía venezolana.
Su condición lo dota de determinada inmunidad, la que solo puede ser retirada por autorización del TSJ. No obstante, William Fariñas, miembro de la comisión, señaló que esta llevará «a comparecer a todos los actores, tanto funcionarios de Estado como dirigentes políticos que inspiraron estos acontecimientos y estas muertes, las que no quedarán impunes.
«Ningún actor político, por más poderoso que se crea, saldrá exceptuado de esta investigación», alertó.
Las acciones de las autoridades condujeron al arresto la semana anterior de unas 170 personas, entre ellas, el ciudadano estadounidense Timothy Hallett Tracy, un presunto experto en inteligencia que financió acciones desestabilizadoras, y el general retirado Antonio Rivero.
Según videos, el ex militar antichavista se dedicó a orientar a grupos de estudiantes y jóvenes que en los últimos meses han protagonizado protestas, acciones violentas y xenófobas; los mismos que recibieron financiamiento de organizaciones no gubernamentales extranjeras, a través de Hallett Tracy, informaron autoridades venezolanas.
Rivero, quien estaba arrestado en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), fue trasladado este lunes al Palacio de Justicia. Le serán imputados los delitos de instigación a delinquir y asociación para delinquir. El Ministerio Público logró que se le aplicara privativa de libertad; le fijó como sitio de reclusión la sede del SEBIN.
Nueva auditoría electoral
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela comenzó la víspera la Fase II de la auditoría ciudadana a los resultados electorales del 14 de abril, cuando resultó ganador el socialista Nicolás Maduro.
El proceso concluirá sobre junio. Permitirá verificar el 46 por ciento de las mesas que no fueron sometidas a revisión el mismo día del voto, cuando se le aplicó al 54 por ciento de las urnas. Responde a un reclamo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y su ex candidato, Capriles Radonski.
No obstante, la derecha anunció el fin de semana que no participaría de la auditoría, a la que calificó de «chimba» (falsa).
La MUD y Capriles Radonski echarán mano ahora a la impugnación, un recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo de Justicia, presumiblemente esta misma semana.
La «intención» es que un dictamen del TSJ derive en la repetición total o parcial de elecciones presidenciales ante presuntas irregularidades, algo bastante improbable, habida cuenta de la seguridad, transparencia y reconocimiento internacional del sistema electoral venezolano y su plataforma tecnológica.
Tras un presumible fallo adverso del TSJ, como mismo la derecha ha pronosticado, entonces la MUD y Capriles se moverían hacia los fueros internacionales, algo que ya tienen previsto y han anunciado. Y así, «hasta el infinito»...
Aunque pudiera pensarse, la derecha venezolana y transnacional —es la que está detrás de todo— no anda arando en el mar.
En criterio de este redactor, la auditoría, la impugnación y el fuero internacional son eslabones de su estrategia de desconocimiento de los resultados electorales, descalificación del CNE y generación de episodios desestabilizadores en el país, entre otras variables de un plan con objetivos inmediatos, medianos y de largo alcance que busca asirse del poder por cualquier vía, y si es por la fuerza, mejor...
