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CARACAS.— La Comisión de la Contraloría del Parlamento venezolano, que este martes quedó encargada por el legislativo de evaluar y darle curso a un gran escándalo de corrupción dentro del ultraderechista partido Primero Justicia, presentó ante la Fiscalía la denuncia formal de los hechos.
El contralor de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Carreño, solicitó al ministerio público disponer prisión preventiva, en sus viviendas, para los legisladores Juan Carlos Caldera, Richard Mardo, Julio Borges y Gustavo Marcano.
Durante la sesión del martes del Parlamento, el diputado Diosdado Cabello presentó pruebas firmes de que los encartados recibieron fondos de manera ilícita.
La solicitud de poner bajo custodia a los políticos de la derecha, Carreño la basó en el artículo 200 de la Constitución. Según este, en caso de «delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia».
También apuntó que «a confesión de parte, liberación de prueba», por lo que entregó a la Fiscalía una fotocopia taquigráfica, certificada, de la intervención de los diputados Richard Mardo y Gustavo Marcano, en la que confesaron —aunque de forma elíptica— haber incurrido en «delitos contra el patrimonio público».
En la presentación de la denuncia de corrupción dentro del partido Primero Justicia (PJ), Diosdado Cabello, también presidente del legislativo, presentó una serie de cheques firmados y cobrados por Richard Mardo, ex candidato a la gobernación de Aragua en las elecciones regionales del 16 de diciembre último, y que en total sumaron unos 600 000 bolívares.
Cabello expuso que el PJ se ha convertido en una verdadera mafia para hacer de la política un lucrativo negocio.
A propósito, recordó que la propia organización se fundó a fines de los años 90, de forma fraudulenta, con recursos de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dominada y administrada por la oligarquía local y las transnacionales de EE.UU.
En la denuncia también se presentaron nóminas paralelas de miembros del PJ quienes, aunque viven y votan por otros estados, recibían ingresos desde una alcaldía del estado de Anzoátegui.
