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Los preparativos de cara a un referendo prosiguen en Cuba, donde más de ocho millones de habitantes están convocados acudir el 24 de febrero a las urnas para ratificar la nueva Constitución.
En estos momentos se realizan las correspondientes precisiones del trabajo de conciliación de la información en el cual intervienen las unidades de trámites de la Dirección Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del ministerio cubano del Interior.
Las autoridades electorales y los Comités de Defensa de la Revolución también intervienen en esta tarea, indica PL. El propósito es culminar la actualización en el Registro de todos los cubanos con derecho al voto, y entonces será el momento de cerrar el parte básico e imprimir otra vez los listados para el referendo.
Mario Méndez, jefe de la DIIE, explicó que el Estado se responsabiliza y garantiza que todos los ciudadanos mayores de 16 años puedan ejercer su derecho al voto. Nuestra misión es que no quede un cubano con derecho al sufragio fuera de la lista, sentenció el coronel.
El registro de electores tiene la calidad requerida pues se trabaja con seriedad, disciplina, transparencia y total apego a la ley, resaltó el jefe de la mencionada entidad.
Su solidez -añadió- está en la tecnología utilizada que lo blinda ante las vulnerabilidades y está garantizada la protección de los datos personales. Aunque es una responsabilidad del Estado contar con un registro electoral actualizado y transparente, la población debe mostrar interés por su ubicación en el registro, remarcó el coronel.
La carta magna -aprobada en diciembre último por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento)- ya está en todos los formatos posibles: impresa, digital y como aplicación móvil. De este modo, se abren las opciones que tiene cada cubano para conocer, leer y estudiar de manera consciente la futura ley de leyes.
Más de ocho millones de cubanos están convocados para ratificar el próximo 24 de febrero la nueva constitución de la República aprobada el 22 de diciembre por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La carta magna ratifica el carácter socialista de la isla y el papel rector en su sociedad del Partido Comunista. Además, recoge cambios en la estructura del Estado, amplía las garantías y los derechos humanos, promueve la inversión extranjera, y reconoce varias formas de propiedad, entre ellas la privada.
