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El papel del abogado en nuestra sociedad fue abordado en la mesa redonda de este jueves junto a otros temas de interés relacionados con el acceso de la población a los servicios de los bufetes colectivos y las garantías de una mayor calidad en la atención a los clientes.

El presidente de la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos, Ariel Mantecón Ramos, explicó que la organización agrupa a abogados del todo el país con vínculos institucionales muy fuertes, comprometidos con defender los intereses ciudadanos.

Destacó la presencia de los abogados hasta en los lugares donde no existen bufetes por la esencia popular que caracteriza al gremio, pero señaló que han existido distorsiones que ha provocado molestias en la población, provocadas por la demora de trámites, y casos donde se ha violado el código de ética y parámetros establecidos en los contratos con los clientes.

El presidente de la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos explicó que el trabajo del abogado se desenvuelve en un mundo de complejidades situacionales que obliga a que cada profesional reconstruya su paradigma moral todos los días, en función de un servicio cada vez más digno.

«La mayoría de nuestros miembros está comprometido con un servicio sano, pero hay algo muy significativo que no puede limitarse al código de ética, es la vigilancia profesional. Debemos superarnos cada día más en aras de ganar en calidad y celeridad para dar respuesta al pueblo, pues a veces debido al desconocimiento se generan demoras y otros problemas que le restan eficacia a nuestro servicio».

La secretaria de la Junta Directiva Nacional de los Bufetes Colectivos, Zaida A. Cañamero, al referirse a la función del abogado en nuestro país destacó su papel de dirigir, representar y defender los intereses de las personas tanto naturales como jurídicas ante las instituciones, y la responsabilidad de resolver esos problemas o conflictos que se les presenten, siempre conforme a la ley.

Explicó que la población confunde al abogado con otros profesionales del Derecho que realizan funciones distintas, entre ellos notarios, fiscales, los jueces que se desempeñan en los tribunales de justicia y consultores jurídicos, entre otros.

Recordó que esta profesión se ejerce en Cuba desde la época de la Colonia, y que antes del triunfo de la Revolución acceder a la justicia era prácticamente imposible para los sectores más pobres.

La panelista se refirió a los tres grandes momentos que han definido la evolución de la abogacía en nuestro país: En 1965 cuando se crea el primer Bufete Colectivo, a propuesta del Colegio de Abogados de La Habana y cuando todavía coexistía el ejercicio privado de la abogacía; en 1973 cuando se organiza todo el sistema judicial y se dan los primeros pasos para una organización colectiva del abogado; y en 1984 cuando se crea la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Destacó la labor de comunicadores sociales y al mismo tiempo de educadores jurídicos que realizan los profesionales del ramo, pues garantizan el cumplimiento de las leyes a cerca de un millón de personas atendidas anualmente.

Explicó que hay 186 bufetes en todo el país. Más de uno en 16 municipios, generalmente en las cabeceras de las provincias, pero existen 18 localidades distribuidas en La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus, Villa Clara, Camagüey, Granma y Guantánamo, donde no han podido ni siquiera establecer uno, por falta de locales y profesionales, sobre todo en los lugares más intrincados.

Como alternativa para lograr tramitar los asuntos de la población en estos sitios, dijo, se han creado 28 extensiones, que entre las limitaciones tiene la presencia no permanente del abogado.

Cañamero aclaró que han proyectado acometer un proceso inversionista fuerte para lograr establecer los bufetes en todos los territorios, y mejorar la calidad de los servicios al facilitar condiciones de trabajo que permitan la privacidad para la comunicación entre el cliente y el abogado.

Como una fuerza laboral estable fue calificada el potencial de la organización que cuenta con 3 416 trabajadores, de ellos 1 938 son abogados, y entre estos el 55 por ciento con más de cinco años de experiencia, y el 25 por ciento con cuatro lustros en el ejercicio.

El papel del técnico jurídico por su contacto directo con la población y el auxilio que le ofrece al abogado fue destacado en este espacio informativo. Aunque hasta ahora suman solo 415 su desempeño alivia la carga de trabajo del abogado en los bufetes, pues estos se encargan de mecanografiar y atender a la población cuando el abogado no está presente.

Alberto Miguel Gómez, miembro de la junta directiva de Bufetes Colectivos, al referirse al servicio de estas instituciones dijo que está disponible de lunes a viernes a todo lo ancho y largo del país, y que desde hace ocho meses el horario se ha extendido, los martes y jueves, hasta las 7:30 de la noche, a pesar de que no hay cultura de acudir a ellos en ese horario.

Dijo que están abiertos a toda la ciudadanía para cualquier consulta, que puede incluir el asesoramiento para un tema necesario. Aclaró que las mismas son totalmente gratuitas y estrictamente confidenciales, entre ellos temas inherentes a lo penal, asuntos laborales, divorcios y herencias.

El panelista significó que el 67,9 por ciento del trabajo que se realiza en los bufetes corresponde a los de materia civil, entre ellos los procesos sucesorios que tienen relación con transmisión de bienes y declaración de herederos, entre otros.

Como otro asunto recurrente en los bufetes cubanos Alberto Miguel Gómez mencionó temas relacionados con el Código de Familia, principalmente para reclamar divorcios, la patria potestad y el régimen de comunicación de los padres con los hijos luego del divorcio.

En cuanto al derecho penal se refirió a las dos etapas en las que se implica el abogado: la investigativa y el juicio oral.

Explicó que la intervención del abogado en la parte investigativa está condicionada a la imposición de una medida cautelar al acusado: prisión provisional, fianza en efectivo, la obligación contraída en acta, entre otras.

También se incluye la comunicación del abogado con el instructor policial que procese a su representado y la posibilidad de proponer pruebas para acreditar documentalmente sobre lo que se le imputa a su cliente.

También se refirió al papel asesor de los abogados para comparecer ante los órganos de justicia laboral de base, y a aquellas personas sometidas a regímenes especiales como el Turismo o la Salud que tienen regulaciones especiales.

En materia administrativa, según se explicó, los abogados brindan servicio a la población relacionada con las reclamaciones ante el Ministerio de la Agricultura, principalmente con el usufructo y tenencia de la tierra y los trámites afines con la vivienda.

En el espacio televisado se explicó también que los bufetes ofrecen servicios a las empresas, en función de reorganizar su economía y asesorarlas cuando presentan litigios con otras entidades.

Todos los procesos que se realizan en los tribunales son recurribles, y esto origina recursos de apelación o de casación, que constituyen un nuevo paso para una nueva relación con el abogado que ya había conducido el proceso hasta ese momento o con el que decida elegir.

Con mucha frecuencia la población se confunde, y se debe a que no damos la explicación suficiente, dijo.

La importancia del contrato jurídico establecido por el cliente con el abogado en los bufetes colectivos fue analizada por Alina Balseiro Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Junta Directiva Nacional de Bufetes Colectivos.

La funcionaria explicó que las tarifas están establecidas por la Resolución 212 del Ministerio de Justicia que señalan claramente la tarifa para cada tipo de proceso.

«Son módicas. Se han hecho para que todas las personas tengan acceso a estos servicios. Independientemente a ello existen los contratos exentos de pago para aquellas personas con dificultades económicas y a los combatientes de la Revolución Cubana», subrayó.

En 2007 los bufetes colectivos atendieron 30 000 contratos, según dijo en esta ocasión Lizzete María Vila, funcionaria de esta dependencia del Ministerio de Justicia, quien explicó que el número de quejas de la población con relación a la calidad del servicio indica que hay que elevar la exigencia.

Manifestó que hace 11 años cuentan con un código de ética que tiene bien definido los deberes de los profesionales con el pueblo. Que a pesar de su valor preventivo algunos trabajadores han sido separados de sus filas por conductas reprobables, porque es inadmisible que un trabajador jurídico no sea consecuente con la ley.

Entre las proyecciones de los bufetes para mejorar la calidad de los servicios fue reiterada en el panel, la superación profesional a tono con el desarrollo social y tecnológico.