No ha bastado que un ultraderechista y ultra-liberal como Javier Milei obtuviera finalmente la presidencia, gracias a un electorado que depositó en sus promesas el cansancio de una crisis financiera y social heredada por el saliente gobierno peronista y que tuvo nacimiento, básicamente, en el programa neoliberal de su antecesor, el ejecutivo de Mauricio Macri. Después, avatares como la pandemia de la Covid 19, la sequía, los disensos dentro del Frente de Todos, y los grilletes que la deuda externa le dejó puestas al gobierno de Alberto Fernández, hicieron lo suyo.
Empero, la persecución mediática, que tiene una de sus expresiones más peligrosas y alevosas en la criminalización judicial, prosigue, con lo que no solo se demuestra la mantenida… «falta de ética y transparencia» —seamos eufemísticos— del sistema judicial argentino. Además, se sigue pretendiendo trucidar la imagen de los líderes del progresismo.
Tales son las lecturas luego de que la Cámara de Casación ratificara el dictamen contra Cristina Fernández que la condena a seis años de prisión y la inhabilita para ocupar cargos públicos de por vida, en el contexto de la causa conocida como Vialidad: el primero de un total de seis procesos abiertos contra ella desde su primera vez en la presidencia (2007-2011), y de los cuales tres han sido sobreseídos por falta de pruebas.
Incluso este caso, donde se le condena por el cargo de administración fraudulenta de obras públicas para beneficiar a un empresario de la construcción, Lázaro Báez, fue desestimado hace algunos años por los tribunales de la localidad donde «ocurrieron los hechos»: Santa Cruz. Pero las autoridades judiciales determinaron que la ventilación del proceso correspondía al nivel en que se había impuesto la acusación: el federal, gracias a una denuncia interpuesta por una acérrima enemiga del peronismo, militante del radicalismo.
Se trata de un proceso que da vueltas casi desde la misma primera toma de posesión de Cristina Fernández en diciembre de 2007, y el único que ha llegado a analizarse en un juicio que tuvo lugar en septiembre de 2022, justo cuando el lenguaje de odio y la manipulación contra la entonces Vicepresidenta, se materializaba en un intento de asesinato del que libró la vida porque se engatilló el arma con que un joven, presuntamente emergido entre los simpatizantes que la esperaban a la puerta de su casa, le apuntó, e intentó accionar su revólver, a quemarropa, contra ella.
En una enjundiosa alocución emitida mediante las redes sociales, Cristina, con formación en Derecho, asumió entonces su defensa pública con la presentación de numerosas pruebas.
Ahora que no la protege el fuero correspondiente a aquel cargo, no sorprende la decisión de este miércoles. Incluso antes de dejar la vicepresidencia, ya emergieron voces que reclaman al poder judicial, incluso, la reapertura de las causas desestimadas, un pedido que está pendiente.´
Y puede que no sea mera coincidencia el hecho de que este dictamen tuviera lugar apenas unos días después de que Fernández de Kirchner, quien no se postuló a las más recientes elecciones presidenciales pero es la innegable líder natural de la mayoría de argentinos que se oponen a la derecha neoliberal, haya sido nombrada como presidenta del Partido Justicialista.
Fuentes dignas de todo crédito como los analistas que siguen los acontecimientos sobre el terreno y los dan a conocer en las páginas del diario argentino Página 12, ratifican que tampoco esta vez hay alguna evidencia que demuestre las inculpaciones, y aseguran que todavía correrá tiempo antes de una definición judicial que pudiera poner a Cristina tras las rejas. Entre otros trámites del proceso, faltan el recurso de apelación que presentará la defensa, y el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Pero, evidentemente, los hacedores de esta campaña persecutoria no buscan solo atar físicamente a la figura pública que es Cristina Fernández de Kirchner, sino amordazar lo que representa.
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