Acordarse de Santa Bárbara cuando truena es un mal hábito que la sabiduría popular ha referenciado en un viejo dicho que remite a esa manía de atender siempre a lo que más apremia, aunque muchos asuntos urgentes y necesarios merezcan nuestro concurso.
La angustia de los percances diarios y esa idiosincrasia de finalistas que caracteriza a quienes habitamos este archipiélago nos hacen dejar para luego algunas cuestiones que en otras geografías son el principio de todo. Y así unimos los días y olvidamos aquello por lo que no se nos «hala de la oreja». Porque si el mundo no se derrumbó hoy por eso, no tiene por qué ocurrir mañana.
Si se trata de cuestiones jurídicas, la desidia se multiplica. Unido al desgano que a veces aparece ante la idea de conseguir legalidad impecable —amparados en nuestra filosofía de lo legítimo— va también la angustia de una gestión burocrática y sus firmas y cuños.
Entonces dejamos siempre para «cuando haga falta» el registro de una nueva construcción del hogar, el cambio de propietario de un inmueble o bien material, y hasta puntos elementales como los comunes errores en nombres y apellidos, que atormentan hasta lo indecible, pues nos obligan a chequear la labor de esos profesionales que necesitan un ojo atento para no cambiar una s por una c, y multiplicar el trámite hasta el infinito.
Pero ocurre que en estos tiempos no es cuestión de esperar a que haga falta. En un contexto cambiante más vale tener todo en forma para no caer en las trampas del olvido. Y eso sería prueba del progreso y la institucionalidad por los que tanto se aboga. Sin embargo, el hecho de poner los papeles en orden no va solo a la cuenta de la ciudadanía.
No se concibe un Estado moderno que no tenga sus registros al día. La idea trascendió durante el XXVIII Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral. Entre los temas que allí debaten especialistas del área, se pondera la seguridad jurídica preventiva, materia que, junto a otras, podría considerarse pendiente de perfeccionamiento para operadores y sujetos del Derecho en Cuba. No es solo preocupación de los registros este asunto; incluye a notarías y otros entes jurídicos que deben garantizar que todo vaya en orden, aun cuando no sea cuestión de urgencia legal.
Luego de las modificaciones legislativas que aprobaron la compra y venta de casas y autos, muchos han sido los dolores de cabeza para quienes no tuvieron en cuenta su seguridad jurídica al efectuar estas gestiones, aparentemente simples y formales. Solo en el caso de las viviendas, especialistas advierten de reclamaciones que no tienen cabida porque las partes decidieron obviar aquello que consideraron irrelevante, y luego no tienen forma legal de restablecer el daño que se les causó.
Los llamados «vicios ocultos» son un ejemplo que ilustra la desprotección a la que se someten quienes simularon una donación de vivienda o subdeclararon el importe del canje, y luego chocaron con que el negocio les había pasado la cuenta y no podían pelear por protección, pues los documentos «legales» no probaban la estafa.
Es cierto también que ciertas resoluciones parecen llegar a cambiar el curso de la gestión. Y donde había que llegarse hasta allí y luego volver para allá, ahora se debe llegar a acullá y traer la firma del otro más allá. Esa realidad limita las fuerzas y ganas de correr tras la legalización perfecta. Excederse en la estabilidad de las normas frena el desarrollo, y acostumbrar a su movilidad sin la suficiente difusión, atenta contra la seguridad jurídica, dijo Martha Prieto Valdés, profesora de la Universidad de La Habana en un reciente debate. Ello nos llama a reflexionar sobre el papel armonizador del Derecho en la relación individuo-Estado-sociedad, como garantía de la seguridad jurídica ciudadana, como alertó la experta.
Conseguir una seguridad jurídica a la altura de estos tiempos, consecuente con el progreso que defendemos, es una meta que depende de la educación de operadores y sujetos del Derecho. De lo contrario seguiremos recordando a Santa Bárbara cuando truene.
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