La señal trasciende clara contra quienes persisten en seguir al margen de la legalidad, como lo confirman ahora, por ejemplo, las más de 600 ilegalidades para distorsionar el real consumo eléctrico desactivadas hasta abril en la provincia de Villa Clara.
Más allá de la exhortación a que jamás se debe hacer esto o aquello, se está actuando sin extremismos, que es la mejor manera de enrumbar por el buen camino a los transgresores. Porque, lamentablemente, estos no suelen reaccionar solo al compás de las palabras, por muy encendidas que sean.
De ahí la trascendencia de guardar constancia en el enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas, para que los infractores y los propensos a montarse en el carro sepan que tampoco se trata de una campaña pasajera. Porque va en serio, muy en serio, esto de despojar a la sociedad de fisuras que la ensombrecen, acumuladas durante años bajo el manto de la benevolencia o por circunstancias económicas apremiantes.
El peor desacierto en que se puede incurrir —y de hecho, ha pasado en gran medida— es admitir la impunidad, esa que incita al desorden, por aquello de que «si este lo hace y no le pasa nada, por qué no hacerlo yo también».
Vital resulta en este enfrentamiento el acto de decir sin tapujos, a los cuatro vientos, los resultados logrados para que llegue, una y otra vez a los oídos que no quieren escuchar, que en cualquier momento se les acaba el buen vivir a costa de la ilegalidad.
Este caso de los fraudes eléctricos demuestra que muchísimos no interiorizan las exhortaciones. Reiteradamente se ha alertado sobre este fenómeno y el perjuicio que ocasiona a todos, incluso en las asambleas de rendición de cuenta.
Tampoco ha frenado a los infractores saber que la Unión Eléctrica introdujo en el sector residencial el empleo masivo de contadores electrónicos que permiten una medición exacta del consumo de los clientes y resulta más difícil lograr el robo de energía mediante los llamados «chivos».
La vida demuestra que no pocos, testarudos al fin, se las ingenian —unos de una manera burda y otros, más sofisticadas— para valerse de alguna artimaña que les reduzca el consumo.
Obviamente, el hecho de poder vulnerar el metrocontador muestra que parece que los hay dedicados al negocio de hacer los «chivos». Luego, cuando los inspectores los descubren, viene el «dime que te diré».
Pero agarrados in fraganti, con las manos en la masa, no les queda más remedio que reconocer la estafa por la que tienen que pagar su precio.
Ese momento les debe resultar aleccionador, más allá de los 500 pesos de multa que les imponen y el pago retroactivo durante un año sobre la base de la electricidad que sustrajeron. Se lo sienten en el bolsillo y en lo moral. Y eso duele doblemente.
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