En Libia, los grupos armados que fungieron como peones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la cruzada contra el régimen de Muammar al-Gaddafi, secuestraron la política, de manera que el actual Gobierno podrá hacer poco por eliminar la inseguridad heredada de la guerra imperialista contra esa nación norteafricana. Presionado por estas bandas, el Congreso Nacional General aprobó una ley que excluye del Gobierno o de cualquier otro puesto de responsabilidad, por un período de diez años, a quienes ocuparon alguno de esos cargos desde el 1ro. de septiembre de 1969 hasta octubre de 2011, cuando el líder libio fue asesinado, y con ello las grandes potencias finalizaron su campaña de bombardeos.
Todos los ex ministros, embajadores, directivos de medios de comunicación y empresas estatales, y hasta los dirigentes de sindicatos u organizaciones estudiantiles se ven afectados por la nueva legislación, que insuflará aún más el odio entre los libios y obstaculizará la reconciliación nacional.
Días antes, los grupos armados, nutridos de terroristas, rodearon departamentos gubernamentales como los del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior, para exigir la salida de funcionarios que en el pasado sirvieron al gobierno de Gaddafi. Por eso no resultaron creíbles las declaraciones de portavoces del Congreso diciendo que a pesar de los asedios, ningún miembro fue presionado para votar a favor de la ley.
Otro empujón que recibió el Congreso para adoptar la controvertida ley de segregación política, fue la moneda de cambio que ofrecieron las denominadas milicias: su desmovilización, una preocupación del Gobierno, que no ha podido ejercer poder real en todo el territorio nacional, pues estos grupos controlan algunas ciudades como si fueran sus feudos. Tampoco pudo dotarse de una policía y un ejército.
La situación de inseguridad se agrava además con la intervención militar francesa en Mali, que ha disparado el tráfico de armas y el movimiento de mercenarios y terroristas.
Un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas refiere que Libia es centro de la entrega de armas a Siria y Mali, entre otras diez naciones del área donde se reporta inestabilidad. El texto indica que el tamaño considerable de algunos de los envíos y la logística de los participantes sugieren que los representantes de las autoridades locales libias están al tanto de estas remesas, o directamente involucrados.
Con la nueva legislación hasta el mismísimo primer ministro libio, Ali Zeidan —un político cercano a Occidente y ávido de establecer buenas relaciones con Estados Unidos— podría quedar fuera del ejecutivo. Su ficha personal recoge la labor como diplomático bajo el régimen de Gaddafi, y hasta el momento no se le ha tenido en cuenta que desertó en 1980 y pasó las tres décadas siguientes en el exterior.
También serían excluídos del poder varios de los actuales ministros y hasta el presidente del Congreso Nacional, Mohamed Magharief, quien se desempeñó como embajador en la India.
En otro acto de relaciones públicas poco creíble, un vocero de la Asamblea Nacional, Omar Hmidan, dejó entrever que la ley sufriría cambios o enmiendas, pues aún no ha sido aprobada por la Comisión Jurídica del Parlamento, y por tanto «no podemos hablar sobre las personas que se verían afectadas».
Por el momento, las bandas armadas se muestran reacias a renunciar a sus demandas, continúan sitiando ministerios a pesar de la aprobación de la ley de aislamiento político y dicen que no pararán hasta ver la renuncia de Zeidan. Su éxito es posible, a fin de cuentas, en Libia gobiernan la violencia, la intimidación, el racismo, el ajuste de cuentas…
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