A falta de más medidas enérgicas que obviamente no habrá hacia el ejecutivo «electo» bajo el peso del golpe militar en Honduras, la recién concluida XL Asamblea General de la OEA reactivó al menos el caso en el colimador del hemisferio.
A medio camino entre el llamado de Hillary Clinton al definitivo reconocimiento del ejecutivo encabezado por Porfirio Lobo, y el criterio de los Gobiernos que siguen considerando la situación hondureña como antidemocrática e inconstitucional, la reunión de la OEA postergó cualquier decisión y acordó crear una comisión a la que ha dado plazo hasta finales de julio para que ofrezca conclusiones.
Junto al respaldo a Argentina en su demanda de que Gran Bretaña acceda a ventilar por vía diplomática el reclamado ejercicio de soberanía de Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, Honduras fue el centro del otro pronunciamiento importante en una reunión que, según algunos de sus protagonistas, de tan fluida pareció «precocida».
No obstante, los acontecimientos permiten otra vez calibrar los matices con que el contrapeso de los nuevos Gobiernos independientes colorea a la OEA, rompiendo la homogeneidad de la tradicional sumisión del organismo a su padre fundador (EE.UU.)… Aunque ello tampoco alcance a reivindicarla como el espacio que nunca ha sido para ventilar con justicia y equidad los muchos y acuciantes problemas que atenazan a Latinoamérica y el Caribe.
La presión de Washington dentro del que ha sido su instrumento de dominación regional seguirá pesando, y ese, precisamente, es uno de los factores que podría determinar la efectividad de la comisión, que deberá decidir si se da entrada a esta Honduras a la OEA, de donde fue suspendida tras la asonada que depuso a Manuel Zelaya.
Por eso, una de las claves para avizorar los resultados será conocer cómo estará compuesta la entidad, tarea dejada en manos del secretario general, José Miguel Insulza.
No es poco lo que está en juego cuando se habla del caso hondureño. Detrás del entuerto creado por el reconocimiento a un ejecutivo que nació del ultraje a la legalidad, está el negativo mensaje que la impunidad de sus ejecutores traslada, quiérase o no, al resto del continente. Y, por otro lado, quedan la vida y la integridad de los propios hondureños, cada día en riesgo.
Un reciente informe del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (COFADEH) ha dicho que desde que Lobo recibió el mandato usurpado por Roberto Micheletti, se han ejecutado 12 asesinatos políticos, sin contar a seis periodistas muertos de manera similar; 63 amenazas de muerte, 76 actos de intimidación y persecución, diez de torturas y 58 allanamientos ilegales, en tanto 150 personas están en el exterior y no pueden volver por las amenazas que pesan sobre ellas.
Tales cifras ponen en entredicho la efectividad de la denominada Comisión de la Verdad, puesta en vigor con Lobo para terminar de «cumplir», a duras penas, los insuficientes, tendenciosos y, además, burlados acuerdos que llevarían a la legalidad y la reconciliación.
En su afán de terminar de obtener la aceptación que ya le han dado algunos —EE.UU. a la cabeza—, Lobo ha llegado a afirmar que iría a República Dominicana a buscar a Zelaya para que regrese al país, donde, sin embargo, el poder judicial no se ha retractado de las falsas acusaciones que levantó en su contra y que lo llevarían ante los tribunales, como ha apuntado el mismo mandatario depuesto.
No debe descartarse entonces que el tema esté en las disquisiciones de la comisión, e incluso que se abriera un nuevo y, para algunos, quizá extemporáneo paréntesis de negociación, que no habría existido si los mentores del golpe no siguieran protegiendo ahora a su descendencia.
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