Era un regateo inaudito. El vendedor trataba de convencer al inspector de que casi es un santo, alegaba una y otra vez que «nunca» jamás había consumado una estafa. El supervisor y algunos que presenciamos la escena y escuchamos el pataleo, quedamos estupefactos con la oración que cerró el pedido de clemencia: «Oiga, compadre, la gente quiere que uno le regale la mercancía».
El inspector, tras soportar el palabreo de camuflaje, procedió a imponer la multa y ordenar vender al precio tope fijado, que en caso del tomate era a uno cincuenta la libra y la vendían a tres o cuatro pesos.
Fue entonces cuando el verificador emprendió de nuevo su recorrido, que sobrevino el desacato increíble. El hombre suspendió la venta a pesar de las protestas de los compradores y, al poco rato, volvió a «clavar» a tres pesos la libra.
¿Dónde estaban sus responsables? Claro, a la sombra, a distancia del problema y cerca de lo que, en definitiva, corre a la hora de cuadrar las cuentas.
Lo único inédito de la jugarreta estriba en que la concretan una y otra vez sin que ocurra nada, nadita. Peor aun, ese modo de actuar encierra un desprecio total a las normas establecidas, de los que se creen estar por encima de ley.
En realidad las ferias agropecuarias resultan un verdadero ajiaco, de tanta magnitud, que todo al parecer cabe, incluidos vendedores que no están autorizados o, simplemente, presentan documentos dudosos.
Y lo que uno aprecia en cualquier lugar a simple vista, lo confirma la Dirección Municipal de Supervisión de Santa Clara. Es una verdad innegable que engañan al consumidor y al fisco, pues dejan de declarar parte de la mercancía que luego comercializan.
De acuerdo con esa fuente los precios que más se violan son los del tomate, la cebolla, la malanga y la naranja, por citar ejemplos. A lo que debemos añadir, ¡hombre cómo iba a faltar!, dar menos cantidad del producto por el que uno paga.
O qué decir de esos otros ardides que llegaron para eternizarse de tener siempre la balanza sucia o de la forma hasta elegante y suave con que tiran la mercancía sobre la pesa para convertir el empujoncito en onzas de menos. O vender las costillas podadas, a las que les sacan una parte de la masa.
En las tarimas muchas veces falta el listado de los precios o se ubica donde nadie lo ve, o solo está a mano del vendedor para desempolvarlo cuando se corre la voz de que desembarcaron los supervisores. Otros hasta con espejuelos cuesta trabajo adivinar lo que se debe pagar, y tampoco siempre aparecen todos los productos que comercializan.
La Dirección de Supervisión, además de fijar la multa al infractor, por lo general solicita a la administración aplicar una medida disciplinaria. Sin embargo, según esta dependencia, en muchísimos casos no la concretan o les imponen una minucia. Y vuelve el violador a sus andanzas, con nuevos bríos, porque la penalidad la paga con sus trampas.
Como resultado de todas esas triquiñuelas, las de vender a precios de hasta el doble del fijado y de la evasión del fisco, sin contar las otras ganancias que deja la balanza, a dónde van a parar los dineros.
La cuenta, sencilla. ¿Cuánto queda de más cuando se vende una mercancía, en ocasiones al doble o en menor cuantía, en una jugada múltiple que la ejecutan con disímiles productos, extendida por las tarimas en un acuerdo tácito?
El sobrante de dinero —es obvio— nunca va a parar al arca estatal. Se desliza en los bolsillos en un transitar en que unos salen empapados y otros salpicados a costa del consumidor.
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