Todos los trascendidos del debate afirman que las fuerzas políticas a favor del TLC en el Congreso —el gobernante Partido Liberación Nacional y otros siete—, poseen los 38 votos necesarios para aprobar cada ley. Por eso, el elemento en juego no es la aprobación como tal, que parece segura, sino la aprobación en tiempo. Para quienes cuestionan el tratado, por el contrario, lo más importante es que las legislaciones vulneren lo menos posible a la economía y a la sociedad. Pararlas, no pueden.
La premura de la fecha le ha puesto ribetes dramáticos a la llamada agenda de implementación —el paquete de leyes—, en una carrera contrarreloj que dio la primera meta volante a quienes quieren el tratado, cuando, a mediados de mes, se impuso la llamada «vía rápida» para discutirlas. Bajo los requisitos de esa modalidad, el Legislativo tendrá una cantidad de sesiones determinadas para discutir y aprobar los proyectos, razón por la cual se restringe y limita el uso de la palabra y, seguramente, no podrá zanjarse a fondo cada discusión. Tampoco podrá haber dilaciones.
Tomando en cuenta que noviembre estará cargado, pues durante ese mes debe discutirse el presupuesto, no se descarta, incluso, que algunas de las también llamadas leyes paralelas al TLC sean fundidas en una sola, para que los proyectos a debatir sean menos.
En ese escenario de pisa y corre, están abiertas ante los parlamentarios leyes que tienen que ver con el devenir de la vida nacional, y cuya sola mención basta para dejar ver su trascendencia. A manera de ejemplo, la discusión de la Ley de Obtenciones de Vegetales, apenas una de las 13 contenidas en la agenda. Su debate promete trabajo a los legisladores, toda vez que se han presentado más de mil mociones que alertan sobre el peligro que representará su implementación para la agricultura de Costa Rica, y la biodiversidad. Será, verdaderamente, muy difícil que puedan debatirse todas las quejas y alertas. La Comisión de Asuntos Agrícolas tiene para ello, apenas, cuatro sesiones.
También despierta inconformidad el proyecto relacionado con el mercado de seguros: se denuncia el peligro de que sea privatizada esa importante esfera social.
Parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Acción Ciudadana y de Accesibilidad sin Exclusión —opuestos al tratado— han dicho que harán oposición, siempre con respeto al derecho parlamentario.
Pero esa mayoría que tiene el TLC en el parlamento, y la vía rápida, parecen augurar, a pesar de todo, la aprobación en fecha del paquete.
En todo caso, el debate puede ser otro escenario para que el costarricense común aprecie —o confirme— las reales aperturas que deberá hacer la economía nacional si quiere insertarse en el CAFTA, el tratado regional de EE.UU. con Centroamérica y República Dominicana, al que falta por entrar solo esta pieza. Paradójicamente, se completaría así, de algún modo, la campaña de conciencia que, con vista al referendo, hicieron los defensores del NO. Solo el hecho de que deban implementarse 13 leyes, da una idea de todo lo que se cambia. ¿O se concede?
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