El proyecto se analiza ahora en una instancia especial conformada por representantes del gobierno y de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), y ha sido propuesto por el presidente Evo Morales para dotar de pensiones a todos los bolivianos de más de 60 años. No solo se rebaja la edad, que antes era de 65, para recibir la ayuda. Además, representará un aumento sobrio en las mensualidades y, sobre todo, asegurará una remuneración hasta ahora abonada por los ingresos de empresas privatizadas en los años 90, considerados insuficientes. El cambio sustancial es que, en lo adelante, los fondos provengan de las ganancias que deja a Bolivia la exportación de los hidrocarburos, y su carga impositiva.
Es eso lo que ha desatado las inconformidades de algunas prefecturas y municipalidades receptoras hasta hoy, junto a las universidades públicas, del llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos. En lo adelante, deberán compartirlo con los beneficiarios del Bono.
Pero detrás de las lógicas preocupaciones pueden verse afanes por trastocar los propósitos, y convertir el gesto justiciero del gobierno en un bumerán.
No de balde, las primeras protestas llegaron desde las regiones defensoras de la autonomía separatista, y donde es más fuerte la oligarquía. Por ejemplo, el rico Santa Cruz, escenario en estos días de otros desórdenes, y de actos de desobediencia a autoridades del gobierno, en su aeropuerto.
Rechazaron el proyecto también los prefectos de Pando, Tarija, Cochabamba y Beni; los dos últimos, ausentes de la comisión creada por el gobierno, junto al santacruceño.
El presidente Morales se reunió con las municipalidades en el Palacio de Gobierno, y para las próximas horas está prevista una cita con la enseñanza superior, dijo el periódico La Razón. Funcionarios gubernamentales reiteran que la disposición al diálogo está abierta.
Pero la discusión alrededor del proyecto —que aún debe pasar por el Congreso—, muestra los varios frentes abiertos ante el mayoritario deseo de cambio por el que votó el pueblo. El más dramático, sin embargo, sigue siendo el de la Asamblea Constituyente, donde las mejores voluntades luchan por destrabar su labor y tener lista la nueva Carta Magna en el nuevo plazo del 14 de diciembre.
Su llamado Consejo Político ha desatado algunos de los nudos amarrados por la oposición; pero sigue pendiente el banal diferendo sobre la capitalidad del país y el terco pedido de Sucre, ciudad capital de Chuquisaca, de que la Constituyente estampe ya el traslado allí de las sedes del ejecutivo y el legislativo, en tanto presiona con la amenaza de nuevas movilizaciones.
Aunque hay optimismo en el Consejo, otros parecen ganados por el escepticismo. En declaraciones a PL, Roberto Aguilar, vicepresidente de la Asamblea, estimó que si Sucre rechaza la nueva «oferta» que le formulará el Consejo Político, será «inevitable» el cierre de la Constituyente. Entonces, seguro, las mayorías también se dejarán escuchar.
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