Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. Autor: Getty Images Publicado: 24/07/2026 | 03:35 pm
El Gobierno de Venezuela notificó este viernes al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo del país de la Corte Penal Internacional (CPI), reportó Telesur.
El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, en cumplimiento de instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, amplió RT.
La salida se tramita conforme al Artículo 127 del Estatuto, mecanismo que permite a los Estados parte abandonar la jurisdicción del tribunal. Con este paso, Caracas formaliza un cuestionamiento sostenido sobre el desempeño de la Corte, al que atribuye un sesgo geográfico que concentra sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global.
Según la Cancillería, esa práctica refleja una justicia internacional instrumentalizada para profundizar desigualdades y desconocer la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Plasencia afirmó que los mecanismos de la CPI han sido puestos al servicio de intereses ajenos a la justicia, lo que convierte su actuación en un patrón contrario a la equidad.
El Gobierno venezolano también acusa al tribunal de incurrir en lawfare, entendido como la utilización estratégica del sistema judicial con fines políticos. En palabras del Canciller, esa dimensión perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir, abundó Telesur.
La declaración oficial reafirma el compromiso de Venezuela con una justicia equitativa y respetuosa de la soberanía. El país sudamericano busca proyectar en el ámbito multilateral una posición crítica frente al funcionamiento de la CPI y su selección de casos, que a juicio de Caracas reproduce asimetrías en lugar de corregirlas.
El retiro de la Corte había sido anticipado en diciembre, cuando la Asamblea Nacional aprobó una ley que derogó la adhesión al Estatuto de Roma. En ese momento, se justificó la medida como un gesto de solidaridad con el pueblo palestino, víctima de lo que el Parlamento calificó como genocidio por parte de Israel.
El Presidente del Legislativo denunció entonces la inacción de la CPI frente a ese conflicto, pese a las órdenes de detención emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad.
