Un camión con vehículos se dispone a cruzar el puente Ambassador desde Canadá a Estados Unidos. Autor: Getty Images Publicado: 21/07/2026 | 06:23 pm
WASHINGTON, julio 21.— El presidente Donald Trump anunció el lunes un arancel del 50 por ciento a las importaciones procedentes de Canadá, uno de los gravámenes más altos que entrará en vigor desde que la Corte Suprema anuló a principios de este año sus aranceles más amplios.
El Gobierno presentó la medida como una respuesta a lo que considera las históricas barreras comerciales de Canadá. Pero la decisión también envía un mensaje a los demás socios comerciales de EE. UU.: podrían ser los siguientes, dijo CNN.
Desde que la Corte Suprema bloqueó la amplia autoridad de Trump para imponer aranceles, muchos Gobiernos y empresas creían que el riesgo de enfrentar nuevos gravámenes había disminuido. Ahora, sin embargo, Trump da señales de que podría haber encontrado una forma de reactivarlos.
Trump se apoya en una ley comercial de 1930 que otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de hasta el 50 por ciento cuando otro país discrimina los productos estadounidenses. Sin embargo, como esa ley nunca se ha utilizado para imponer aranceles, la medida podría enfrentar impugnaciones judiciales.
El representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, dijo este martes que estos aranceles responden a la decisión de Canadá de tomar represalias contra gravámenes estadounidenses anteriores, una medida que, según él, solo había adoptado China.
«Tenemos un arancel que es, nuevamente, una consecuencia natural de las represalias de Canadá», dijo Greer en una entrevista matutina con CNBC.
Ese argumento podría tener implicaciones mucho más allá de Canadá. Si el Gobierno puede definir de manera amplia qué constituye una discriminación contra los productos estadounidenses, tendría una nueva vía legal para justificar aranceles elevados contra países cuyas políticas —comerciales o de otro tipo— considere inaceptables.
Eso es precisamente lo que hizo el Gobierno anteriormente, hasta que la Corte Suprema determinó que no podía imponer aranceles más altos amparándose en supuestos poderes de emergencia económica.
Ahora, el Gobierno estaría poniendo a prueba si la ley de 1930 «podría utilizarse para imponer aranceles a otros países en el futuro», escribió este lunes Stephen Brown, economista jefe de Capital Economics. Expertos en comercio del Cato Institute ya habían advertido que ese estatuto podría ser «susceptible de abuso por parte de un Gobierno proteccionista».
«Otros países tendrán ue seguir tomando en serio este tipo de amenazas», dijo Greg Husisian, abogado especializado en comercio del bufete Foley & Lardner. «Esto confirma que el presidente Trump seguirá utilizando la amenaza de los aranceles para alcanzar objetivos de política exterior durante el resto de su presidencia», citó CNN.
La más reciente amenaza de Trump también rompe con la práctica reciente, ya que los bienes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han estado, en su mayoría, protegidos de nuevos aranceles. Para otros países, esto podría significar que sus acuerdos comerciales vigentes también podrían dejarse de lado con la misma facilidad.
En última instancia, lo que está en juego va más allá de las negociaciones comerciales y las batallas judiciales. Si estos aranceles entran en vigor el 19 de agosto, como está previsto, los estadounidenses podrían volver a sentir el impacto en forma de precios más altos, en un momento en que muchos ya enfrentan el aumento de los costos de la energía y de otros productos básicos de uso cotidiano, señaló CNN.
Por su parte, Telesur informó que el representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anticipó este martes que su país anunciará nuevos aranceles a unas 60 naciones en los próximos días. Durante una entrevista, el funcionario detalló que sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso.
Greer justificó la medida afirmando que «Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso», y añadió que «otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican».
Para sostener la política arancelaria, Trump anunció nuevos recargos basándose en otro texto que solo le autorizaba a aplicar esta medida durante un máximo de 150 días. Paralelamente, el USTR lanzó una serie de investigaciones que, en teoría, le permiten establecer estos impuestos de forma duradera, basándose en la misma ley que justifica los aranceles sectoriales.
Como resultado de estas indagaciones, a principios de junio Greer propuso aranceles del 12,5 por ciento a unos 45 países que, según sus servicios, no imponen prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.
Para las economías que sí disponen de este tipo de prohibiciones, pero cuyos esfuerzos para aplicarlas se consideran insuficientes por parte de Washington —como Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán—, la administración Trump propone imponer una tasa reducida del diez por ciento.
El informe también destaca casos específicos dentro de esta política comercial. Washington reprocha a Brasil por políticas que, asegura, han afectado especialmente al comercio estadounidense al «reducir el acceso a uno de sus principales mercados de exportación».
