Trump pretende cambiar el curso de las primarias con una dudosa ley. Autor: Getty Images Publicado: 27/06/2026 | 08:28 pm
Si Donald Trump se ufana de sus exitosas injerencias en elecciones de América Latina, ¿qué no hará para que los suyos ganen en las parciales del próximo noviembre y cuánto no daría por mantenerse él en la Casa Blanca en 2029? Como diría mi abuela, «no va a ser candil de la calle y oscuridad de la casa».
Pero allá no es exactamente pelea de león contra mono amarrado y su propia actuación caótica y belicista en política exterior le está jugando una mala pasada en la situación económica doméstica estadounidense, un asunto de máxima prioridad y nada prometedor para sus pretensiones, en las que no da marcha atrás.
Una de esas maniobras en sus predios busca reformar las elecciones federales de Estados Unidos, y lograr el reforzamiento tan evidente de la oligarquía en su segunda estadía en la mansión de la Avenida Pensilvania, con apéndice en Mar-a-Lago, para estar más cerca del campo de golf floridano. Y en ese sentido corre más que la pelotica blanca para lograr su aplicación y meter en el hoyo resultados apetecibles, pero…
Comencemos con una necesaria explicación. Trump presentó la SAVE Act —ya saben Salvar a EE. UU. a su modo—, un proyecto de ley para endurecer los requisitos de acceso al sistema federal de votación, mediante la imposición de mayores verificaciones documentales sobre la ciudadanía que acude a las urnas. Ni por asomo quiere cabos sueltos de migrantes votando por el candidato contrario —más aún con algunos declarados «socialistas» o del «progresismo» en la boleta demócrata o independiente—, pero también saca del juego de la democracia a estadounidenses por natalidad o naturalizados a los que se les hace difícil obtener esas acreditación o documentación oficial con fotografía incluida que pruebe la ciudadanía.
En su red Truth Social enumeró por estos días los estrictos controles y requisitos para la participación de migrantes en los comicios. Y no se queda ahí, porque de aprobarse la controvertida SAVE, eliminaría el voto por correo (admitido solo para enfermedades, discapacidades, probadas ambas; personas que estén en el servicio militar o se encuentren de viaje comprobado) cuando es un procedimiento lícito empleado y hasta preferido por demócratas e independientes.
La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos publicó en enero de 2025 un informe concluyente sobre el tema: si bien las papeletas enviadas por correo no alcanzaron los niveles récord registrados durante el punto culminante de la pandemia de la COVID-19 cuatro años antes (un 43 por ciento), el porcentaje de votantes que emitieron su voto por correo en noviembre de 2024 fue 30,3 por ciento, muy por encima de los niveles previos a la pandemia, o lo que es igual 48 millones de votos por correo (además de los emitidos por los uniformados y votos desde el extranjero). La mayoría de los votantes en las elecciones generales de 2024 en que Trump salió vencedor, emitieron su voto en persona el mismo día de las elecciones el 37,4 por ciento y el 35,2 por ciento mediante el voto anticipado presencial.
El mensaje reiterado de Trump con esas indicaciones restrictivas o neutralizadoras de los derechos ciudadanos, es cuestionado por amplios segmentos de la población e instituciones, incluso mediante recursos judiciales que complican el escenario trumpiano, pues no parece alcanzar con el apoyo de todos los legisladores republicanos en el Congreso que le garanticen su aprobación definitiva en el Senado y la Cámara.
La agencia Axios ha dicho que la ley SAVE está «en punto muerto», aun cuando el mandatario ha presionado para que pase el examen antes del 3 de noviembre, mediante amenazas de no firmar ninguna medida hasta lograr el avance de la Ley o incorporarla dentro de un paquete legislativo presupuestario más amplio, jugarretas que no le han dado resultado.
Ahora, la jueza de distrito del Distrito de Columbia, Sparkle Sooknanan, nombrada por el expresidente Joe Biden y por cierto nacida en Trinidad y Tobago, le dio un golpe cuando declaró —según The Hill— que funcionarios de numerosas agencias gubernamentales «combinaron y reutilizaron de forma arbitraria la información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos de ciudadanía que sabían que no eran fiables», para cumplir con la orden ejecutiva de marzo del presidente Trump que buscaba reformar las elecciones federales.
Concretamente, Trump ordenó a la Administración del Seguro Social que creara una «lista estatal de ciudadanía» a partir de sus datos, registros de naturalización y la base de datos del Sistema de Verificación de Extranjeros para la Obtención de Beneficios del Departamento de Seguridad Nacional, para establecer una lista de votantes elegibles basada en los datos de ciudadanía disponibles y ordenar al Servicio Postal de EE. UU. que solo entregara boletas por correo a las personas inscritas en el padrón electoral aprobado de cada estado.
¡Vaya manía con las listas! Me recuerda a la fraudulenta de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo o la de las 19 naciones no elegibles para obtener visado para Estados Unidos, o de los más de 80 países obligados a pagar aranceles para que sus productos puedan entrar en territorio estadounidense, etcétera, etcétera… Pero esto no viene ahora al caso.
Sooknanan escribió en su fallo de 75 páginas que «los estados se han asociado con el Gobierno federal para acceder a la base de datos y están eliminando activamente a ciudadanos estadounidenses de los padrones electorales basándose en información inexacta» y «en definitiva, el Gobierno federal ha pisoteado deliberadamente el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto. Este Tribunal no puede permanecer impasible mientras esto sucede», pues es ilegal y violaban la Ley del Seguro Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que fue aplaudido por la Liga de Mujeres Votantes, una de las organizaciones demandantes y Democracy Forward, organización esta que tan solo en 2025 presentó más de 150 demandas contra la segunda administración de Trump.
Aunque la Casa Blanca no se manifestó de inmediato sobre la decisión judicial que momentáneamente paraliza la maniobra de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sí salió al ruedo con una declaración en la red X de James Percival, asesor jurídico general del departamento: «Es asombroso lo mucho que la izquierda se empeña en impedirnos resolver problemas que, según ellos, no existen. El último fallo de la jueza Sparkle Soknanan, que impide al DHS abordar el tema del voto de extranjeros, es solo el ejemplo más reciente».
Ahora bien, los métodos «tradicionales» de influir e inclinar balanzas en las elecciones estadounidenses, utilizados tanto por demócratas como por republicanos, siguen su curso desleal, aunque muy de vez en cuando no lleguen a su objetivo de ganar en las urnas.
Es la participación de donantes, de los lobbies o cabilderos, compradores irrespetuosos de una democracia ficticia. Otra harina de ese costal, un fardo mucho más turbio, donde la llamada «realeza moderna», los multimillonarios, los de la oligarquía, blanden impúdicamente su poderosa espada: «Don Dinero».
