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Manifestantes enfrentan una férrea represión policial durante las protestas. Autor: Getty Images Publicado: 10/06/2025 | 03:21 pm
EN la Terminal Internacional Tom Bradley del aeropuerto de Los Ángeles, defensores de derechos humanos se manifestaron sobre la prohibición de viajes que entró en vigor el lunes, una controvertida decisión anunciada la semana pasada por el presidente Donald Trump, contra países musulmanes y africanos, aunque otros de sus «enemigos» entraron en el paquete.
La medida, xenófoba y fanáticamente discriminatoria, bloquea totalmente la entrada a Estados Unidos de personas de 12 países —Afganistán, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen. También impone restricciones parciales a los nacionales de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Apenas los medios locales dieron cobertura a esta protesta que también tuvo eco en otros aeropuertos o ciudades estadounidenses; sin embargo, a pesar de esa otra restricción, se hicieron escuchar los reclamos y los cánticos de solidaridad con los migrantes y las comunidades musulmanas. «¡Díganlo alto y claro: los inmigrantes son bienvenidos aquí!», ¡Gritó Aliya Yousufi, la gerente de políticas y defensa del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), durante la manifestación en la Terminal Tom Bradley, reportó New Arab.
Con su nueva directiva, Trump aprieta el dogal a los extranjeros… Bueno, no a todos, solo aquellos a los que tilda de «delincuentes» y «terroristas», y que coinciden con pueblos del sur global, acción consistentemente racista y politizada, al igual que el conjunto de su ofensiva migratoria, que en estos días incluye, además de la intensificación de las redadas violatorias de derechos constitucionales, civiles y humanos, otro paso muy importante en su escalada autoritaria y prácticamente fascistoide, el envio de tropas de la Guardia Nacional y del cuerpo de marines, con blindados y todo, a zonas periféricas de la ciudad de Los Angeles, en California, sin la solicitud o anuencia de las autoridades locales y del estado, considerado santuario para los trabajadores no estadounidenses, indocumentados o con permisos legales de residencia y trabajo.
Agregue a esa lista vengativa e implacable, las deportaciones arbitrarias e, incluso, la negación de visas para una parte de los estudiantes extranjeros y la presión a las Universidades para que cierren sus matrículas, más la detención y expulsión de EE. UU. para quienes han expresado solidaridad con el masacrado pueblo palestino y rechazo al genocidio que comete Israel en Gaza con la complicidad estadounidense. Para esta inaudita persecución —en la que ha incluido hasta a los estudiantes chinos—, una mentira más de Trump como argumento: «No permitiremos que entren a nuestro país personas que deseen perjudicarnos»… protegerá a EE. UU. de «terroristas extranjeros».
Los temores crecen, también la resistencia. A pesar de militarizar las calles angelinas y continuar las redadas en todo el país, en Los Angeles, Nueva York, Dallas, Austin, Santa Ana, Boston, Chicago y Washington D.C. han tenido lugar protestas y también contra ellas la represión. Al menos 56 personas han sido arrestadas durante las protestas en Los Ángeles. Más de 150 manifestantes han sido arrestados en total, en varias ciudades estadounidenses.
En Nueva York fueron arrestadas 24 personas del grupo que entró a la Torre Trump para protestar contra las deportaciones. En Dallas, se concentraron en el puente Margaret Hunt Hill, enarbolando banderas de naciones latinoamericanas y, aunque era pacífica la manifestación, al menos dos personas fueron arrestadas, dijeron medios locales. En Los Angeles, en la noche del lunes, otra vez lanzamiento de gases lacrimógenos y nuevos arrestos de manifestantes.
También se acumulan las críticas, acerbas, a la conducta presidencial y hasta acciones judiciales, como se dieron a conocer por commondreams.org.
El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que junto al gobernador Gavin Newsom, demandarían a Trump y al secretario de defensa Pete Hegseth por tomar el control y federalizar la Guardia Nacional, lo que consideró un abuso de autoridad: «Seamos claros: no hay invasión. No hay rebelión. El presidente está intentando generar caos y crisis sobre el terreno para sus propios fines políticos».
Por su parte, Newsom dijo en una entrevista dominical con MSNBC: «Donald Trump está generando miedo y terror al no adherirse a la Constitución de Estados Unidos y extralimitarse en su autoridad. Esta es una crisis fabricada para permitirle tomar el control de una milicia estatal, dañando los cimientos mismos de nuestra república».
Joseph Geevarghese, director ejecutivo del grupo progresista Nuestra Revolución, declaró: «Esto no es ley y orden, es tiranía... Cuando el poder se concentra en manos de unos pocos corruptos y la disidencia se enfrenta con represión armada, la democracia misma está bajo asedio. Debemos llamar a esto por su nombre: una amenaza para la república».
El demócrata texano Greg Casar, presidente del Caucus Progresista del Congreso, declaró: «La politización y el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump como arma nos hace a todos menos seguros y menos libres. Su amenaza de desplegar a los marines en las calles de una ciudad estadounidense es una escalada ilegal y autoritaria».
Ya a fines de enero, a pocas jornadas de que Trump regresara a la Casa Blanca y lo hiciera con decenas de decretos y órdenes para imponer sus políticas, el periodista Robert Kuttner, en The American Prospect, titulaba «Las redadas de la Gestapo de Trump» su artículo sobre el acoso del ICE a las ciudades santuarios, clara visión de la crueldad desplegada en los barrios donde habitan los inmigrantes que garantizan decenas de labores indispensables para la vida de todos, y con salarios bajos… Ese es un punto.
Las deportaciones masivas, que dañan a la dignidad de las personas, siembran miedo y desconfianza, menoscaban los derechos ciudadanos y a la propia sociedad estadounidense, también dañarían su economía.
