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La criminalización de los migrantes venezolanos enviados al Cecot ha provocado la indignación de los ciudadanos en la nación bolivariana. Autor: Los Angeles Times Publicado: 25/03/2025 | 07:18 pm
CARACAS, marzo 25.— Miles de venezolanos volvieron a marchar este martes para denunciar lo que consideran como secuestro de más de 200 de connacionales enviados desde EE. UU. a una megacárcel de El Salvador mientras, en Washington, el presidente Donald Trump evadía responder al Tribunal que inquiere por el basamento legal de esa decisión.
Esta es la segunda movilización popular que tiene ligar en Venezuela para reclamar la devolución de sus compatriotas, como parte de una campaña que también incluyó la recolección de firmas, mientras las autoridades hacen todas las gestiones desde el punto de vista diplomático y político por la liberación de los reos, extraditados ilegalmente a El Salvador bajo la acusación no probada de pertenecer a la banda El Tren de Aragua.
Al dar inicio a la multitudinaria movilización, Nahum Fernández, vicepresidente de Movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), denunció que la extrema derecha local, encabezada por Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López y María Corina Machado, han generado una matriz mediática internacional para que los migrantes venezolanos sean condenados.
Al respecto, advirtió que están en riesgo tanto los que se encuentran en El Salvador, como quienes permanecen aún en los Estados Unidos. Precisamente, la víspera se reanudó el programa Vuelta a la Patria para trasladar a migrantes desde EE. UU. con parada intermedia en Honduras, y el abordaje desde allí de aviones de la venezolana Conviasa.
La marcha de este martes llegaría al Palacio Federal Legislativo donde sería recibida por la directiva de la Asamblea Nacional (AN), mientras en todas las plazas Bolívar del país, continúa la recolección de firmas.
En tanto, se reportó desde Washington que Trump invocó el privilegio que le permite guardar secretos de Estado para eludir explicaciones en medio de la disputa legal surgida en torno a la extradición a El Salvador de los migrantes de Venezuela.
«El Tribunal tiene todos los hechos que necesita para abordar los problemas de cumplimiento ante él», escribieron la secretaria de Justicia, Pam Bondi y otros altos funcionarios de ese Departamento en un documento entregado la víspera al juez de distrito James Boasberg, que se ha opuesto a las deportaciones.
Según advierte el texto, divulgado por PL, al juez, «más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que el Tribunal carece de competencia para abordar».
El documento subrayó que «la información solicitada por el Tribunal está sujeta al privilegio de secretos de Estado porque su divulgación representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores».
Boasberg rechazó el lunes levantar el bloqueo a la deportación de migrantes bajo esa ley, y dijo que ellos merecían antes una audiencia judicial.
El «uso sin precedentes» por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros (de 1798) no exime al Gobierno de la responsabilidad de garantizar que los hombres deportados pudieran impugnar su designación como presuntos pandilleros en una audiencia judicial previa, considera el magistrado.
