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El reciente proceder de las fuerzas de orden público en la capital argentina demuestra la criminalización de las protestas sociales asumida por el Gobierno de Milei. Autor: Twitter Publicado: 13/06/2024 | 09:43 pm
Fue el sufragio de la Presidenta del Senado y vicetitular del ejecutivo, Victoria Villarruel, el que tuvo que definir una votación dramática. La Libertad Avanza (LLA), el partido en el Gobierno, no tiene mayoría en el legislativo y la peronista Unión por la Patria se mantuvo firme aunque debió buscar aliados, siempre menos que los necesitados por la agrupación de Javier Milei.
Finalmente, la Cámara alta del Congreso argentino aprobó la Ley Bases, apócope del extenso y rocambolesco nombre que tiene la letra del ajuste del mandatario y que ha resultado en esta versión un proyecto más corto y algo descafeinado de la Ley Ómnibus, una legislación tan brutal que de ningún modo pasó, razón por la cual LLA ha debido hacer concesiones.
Pero la votación del miércoles tampoco ha sido definitoria, pues como en el Senado se hicieron cambios a lo que antes había votado la Cámara de Diputados, el proyecto debe retornar a ese hemiciclo.
Desde luego que tal acontecimiento es noticia de la cual pende que tenga carácter de ley el salvaje programa de recortes con que Javier Milei sanea las finanzas públicas. Resulta obvio que si el Estado no gasta nada en la gente, el déficit fiscal cero que tanto había exigido el FMI se iba a lograr, no importa que los ciudadanos lo paguen literalmente de sus bolsillos. Así se ha conseguido.
Desembozado como siempre, el propio Presidente lo ha «confesado»: «Miren, la verdad es que el 90 por ciento del ajuste es “motosierra”: bajamos la cantidad de ministerios a la mitad; eliminamos la obra pública; prácticamente eliminamos las transferencias discrecionales a provincias y encaramos un programa de racionalización del gasto social como nunca se vio».
Resultado: en los primeros tres meses de los seis que lleva de mandato, la pobreza había crecido en Argentina de 44,7 por ciento a 55,5 por ciento de la población, y la indigencia, que alcanzaba al 9,6 de los ciudadanos, atenazaba después al 17,5 por ciento, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica de ese país.
Pero esos males ya eran conocidos. Lo cualitativamente nuevo en la ejecutoria de este Gobierno ha sido la desmedida y furiosa represión desatada contra los manifestantes que desde temprano se apostaron el miércoles en los alrededores del Congreso, para pedirle al Senado que no aprobase la Ley Bases.
Hubo bastonazos, perdigones, balas de goma, chorros de agua, gases pimienta y lacrimógenos que alcanzaron incluso a diputados de la oposición, «de guardia» literalmente en las afueras del legislativo, para conocer de primera mano los resultados. Se ha hablado de al menos 30 detenidos y decenas de heridos.
No se trataba de una inmensa manifestación que pusiera en peligro la integridad del edificio, y menos la de sus ocupantes. Medios locales y extranjeros hablaron de decenas de movilizados y, seguro con evocaciones, uno de ellos apuntó que la represión «hizo revivir tiempos pasados».
De este modo ha vuelto a implementarse el Protocolo Antibloqueos anunciado en diciembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde se prevé que «cualquier calle cortada será disipada», y se autoriza que intervengan las cuatro fuerzas federales —la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, siempre que haya delito.
Varias de ellas participaron en el enfrentamiento a los manifestantes ante el Congreso pese a que era una movilización que se inició de forma pacífica y el tránsito no resultó interrumpido, aunque después pasó a mayores cuando algunos movilizados arrojaron botellas y otros objetos contra las huestes que les iban arriba.
No obstante, fuentes que pisaban el terreno entendieron exagerado el despliegue policial tomando en cuenta que se trataba de «pocos manifestantes», narraron. Y todavía se sumó contra ellos, el cuerpo de Buenos Aires. Todo indica que la fuerza empleada sobrepasó el anuncio del Protocolo de Seguridad, uno de cuyos postulados dice que ante los bloqueos de calles, se usaría la «mínima fuerza necesaria y suficiente».
De ese modo, la tuerca que aprieta a los argentinos caminó otras dos estrías este miércoles: voto legislativo a favor de una política económica y social más restrictiva que sigue afectando a la gente, y puño más cerrado contra los que protestan: toda una advertencia, porque puede esperarse que con la profundización del ajuste, la expresión del disgusto en las calles se incremente.
