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El retorno a la tranquilidad ciudadana es el principal desafío para las autoridades estatales del nordeste brasileño. Autor: EFE Publicado: 16/03/2023 | 10:33 pm
BRASILIA, marzo 16.— Desde hace tres días, grupos criminales asaltan e incendian edificios públicos, comercios y vehículos en Natal y otras 31 ciudades del estado de Río Grande del Norte, donde al menos dos personas han muerto y más de 60 han sido detenidas, violencia que las autoridades atribuyen a inconformes con los cambios implementados en el sistema penitenciario.
El secretario de Seguridad Pública de Río Grande del Norte, Francisco Araújo, confirmó que la ola de ataques tiene como propósito exigir «una serie de privilegios» a los presos, los que no han sido concedidos, dijo RT, que menciona entre esas facciones al Primer Comando de la Capital, la organización criminal más poderosa de Brasil.
Que las facciones utilicen a su gente fuera de las prisiones para presionar al poder público por medio de la violencia urbana es algo habitual en Brasil, comenta RT, que reporta que la orden de estos ataques había salido desde la cárcel de Alcaçuz, el mayor centro penitenciario de Río Grande del Norte, uno de los estados más violentos del país, y donde un enfrentamiento entre bandas rivales dejó 27 muertos en enero de 2017. Desde aquella batalla campal, se endurecieron las medidas carcelarias y las visitas íntimas quedaron suspendidas.
«Dentro del sistema penitenciario, la situación solo ha empeorado desde la masacre. Las visitas íntimas siguen prohibidas, los presos reciben comida podrida y ni siquiera pueden tener acceso a lejía para limpiar las celdas, que están superpobladas. Se ha convertido en un polvorín», comentó a O Globo Juliana Melo, profesora de la Universidad Federal de Río Grande del Norte (UFRN).
La ola de violencia impactó en los servicios públicos, muchas líneas urbanas han sido suspendidas, así como las clases en escuelas y universidades en varios municipios.
El Ministerio de Justicia autorizó el despliegue de una Unidad Especial de Intervención Penitenciaria por un período de 30 días, que ejercerá «la coordinación de acciones de las actividades de los servicios de guardia, vigilancia y custodia de presos».
La cartera quiso dejar claro que esto no supone una intervención federal —cuando desde el Gobierno se decide actuar en un estado desde Brasilia—, sino el envío de un grupo multidisciplinar que solo apoyará «técnica y legalmente las actividades de cooperación integrada» en los presidios.
La gobernadora de Río Grande del Norte, Fátima Bezerra, afirmó que llevará a cabo una «investigación profunda» sobre estas denuncias.
Decenas de armas de fuego, artefactos explosivos y galones de gasolina para su utilización en cocteles molotov fueron capturados durante las detenciones, así como dinero, drogas, municiones y productos robados, dijo Brasil de Fato, publicación que asegura que la persona muerta por la polícia era un hombre que estaba en João Pessoa, acusado de coordinar los ataques en Río Grande del Norte y que también financiaba y distribuía las armas a los grupos que promoverían la violencia en las calles.
