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Piñera en apuros con la Fiscalía que lo investigará por los Papeles de Pandora. Foto: Tomada de Radio Universidad de Chile Autor: Tomado de Internet Publicado: 13/10/2021 | 10:13 pm
Santiago de Chile, octubre 13.— Diputados chilenos presentaron una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera este miércoles, tras las revelaciones acerca de su vinculación con la venta del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal, contenidas en la investigación conocida como los Papeles de Pandora.
En un mensaje publicado en la red social Twitter, el frentamplista candidato a la presidencia, Gabriel Boric, señaló que «hemos dado un paso para proteger a Chile iniciando la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. No permitiremos los graves hechos públicamente conocidos, que comprometen el honor de la nación e infringen la Constitución».
En declaraciones a la prensa, Boric expresó que él y sus compañeros de bancada «no somos los únicos» (en acusar a Piñera) y que «hoy día el Presidente tiene calidad de imputado (…) por cohecho». Además, dijo, el de Dominga es un caso de depredación ambiental que destruiría el archipiélago de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en Punta de Choros, en Coquimbó.
Por eso, señaló, todos los partidos de la oposición firmaron el recurso, y manifestó su expectativa de que sea aprobado por la comisión pertinente y por la Cámara de Diputados, debido a la gravedad de los hechos.
También en un mensaje en Twitter, la diputada Camila Vallejo se pronunció a favor de la acusación. «Si queremos terminar con esta cultura de la impunidad, tenemos que actuar», señaló.
Según los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, en 2010 Piñera y su familia vendieron acciones del proyecto Dominga por 152 millones de dólares a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano, recordó PL.
Parte de esa transacción se hizo en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y el pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que la zona del yacimiento no fuera declarada como área de protección ambiental.
