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El pueblo argentino rechazo al FMI, a la deuda leonina y su pago Autor: AP Publicado: 06/03/2021 | 07:58 pm
Ya lo había adelantado Cristina Fernández hace un año: «No se puede seguir con este ciclo de viene uno desendeuda y viene uno y endeuda», en alusión al megacrédito con que el expresidente Mauricio Macri volvió a amarrar a Argentina al FMI, después de la soberanía financiera —¡y política!— lograda con sacrificio durante el mandato de Néstor Kirchner.
Ahora, la advertencia de la Vicemandataria se está haciendo realidad: esta semana entró en vigor una ley inédita mediante la cual se requiere la aprobación del Congreso para que cualquier ejecutivo pueda adquirir préstamos.
El otro paso judicial nunca visto fue dado por el jefe de Estado, Alberto Fernández, también esta semana, al anunciar una querella judicial contra los responsables del último y leonino endeudamiento: su pago sigue renegociándose un año después de la asunción de este Gobierno, y mantiene la Espada de Damocles sobre él y las cabezas de todos los argentinos.
El proceso ha despertado toda clase de reacciones porque, con razón, lleva la identificación de «querella criminal». Señalada de manera tan diáfana en su carácter expoliador y atentatorio de la integridad nacional, sus adalides de la derecha han reaccionado de modo justificativo, mientras funcionarios del peronismo, expertos y personas del común, argumentan a favor de la iniciativa.
Obviamente, el fin no tiene que ser meramente judicial al imponer eventuales sanciones penales. Eso no se ha dicho. Los veredictos, quizá, podrían llevar solo a «penas» morales. Pero de cualquier modo, el saldo será profiláctico para Argentina y otras naciones que quieran leer de sus avatares, frente a los mecanismos financieros injerencistas creados en la Conferencia de Bretton Woods.
Al dar a conocer la demanda, el presidente Fernández calificó la recepción como «la mayor malversación de caudales que nuestra historia recuerda», en referencia al camino que tomaron los 44 000 millones de dólares recibidos por el ejecutivo anterior, del total de 57 000 millones pactados por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional.
Una de las aristas más interesantes del proceso será, precisamente, hurgar en la denuncia de que el FMI violó sus propias normas al conceder tamaño crédito a una Argentina a punto de caer en cesación de pagos (default).
Peor fue el sablazo que dieron los mismos de la casa. Los análisis de los estudiosos demuestran que la mayor parte de los capitales se fugaron o, lo que es aún más triste, fueron usados apenas para pagar intereses de la propia deuda.
El actual ministro de Desarrollo Económico, Matías Kulfas, acaba de reiterar que «se tomó una deuda irresponsable en condiciones innecesarias».
Según el seguimiento que ha dado al tema, los organismos públicos fueron vendidos en el mercado único de cambios y financiaron los niveles récords de dolarización de portafolio de la gestión de Macri.
Y aquel «endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra». Es decir, que el dinero no se usó para nada «rentable» a la nación. Fue enviado al exterior.
Desde el punto de vista jurídico, también hay trecho desandado en la demostración de las responsabilidades legales que pesan sobre quienes aprobaron el acuerdo.
Primero, el Estado no cumplió con los procedimientos previos de rigor para evaluar la sustentabilidad de la deuda que contraía. Y tampoco «se encomendó» al Banco Central ni al resto de las entidades competentes.
Así lo apunta un informe rendido en septiembre de 2019 por Augusto Martinelli, Andrés Bernal y Francisco Verbic, quienes afirmaron desde entonces que «además de la evidente responsabilidad política de los funcionarios que actuaron sobre el tema, entendemos que los hechos que tenemos comprobados (insistimos, con documentos oficiales entregados por el propio Ministerio de Hacienda y por el Banco Central de la República Argentina) deben ser investigados por el fuero penal del Poder Judicial».
En su opinión, se trata de «determinar la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos (art. 260 y cc. del Código Penal) y administración fraudulenta en perjuicio del erario público».
Además, recomendaron que en el fuero contencioso administrativo federal del poder judicial, también se determinaran las responsabilidades patrimoniales de los funcionarios que intervinieron.
Y aunque quienes irán al banquillo serán los autores locales del mayor empréstito recibido jamás por Argentina, también son señalados como responsables, los titulares del FMI.
La certeza del ente de que el país no podría devolver el crédito, refuerza la denuncia del peronismo de que su concesión tenía fines políticos.
La historia de los últimos 40 años en Latinoamérica demuestra que no hay manera más fácil de atar los destinos que mediante el endeudamiento; ni modo más expedito de trazarles el rumbo con los condicionamientos, a cambio de engañoso capital.
Como no tiene precedentes, la causa judicial abierta ahora en Argentina augura jornadas verdaderamente históricas.
Aún negociando
Toda vez que ha sido la peor herencia recibida, resolver el problema de la deuda ha sido también la principal tarea para este Gobierno, que sigue siendo consecuente con sus promesas: se pagará, pero no a costa del sacrificio del país y de la gente.
No hacerlo así, habría significado seguir la espiral engañosa del pago de cada tramo de deuda atando más al país, y cumplir los recetarios: ello habría profundizado el fracasado quehacer neoliberal que llevó a Macri al cadalso.
Otra muestra de la hidalguía de las autoridades argentinas es que este cerrar clavijas —judiciales y morales— para que un nuevo endeudamiento de tal corte no se repita, ocurre cuando la renegociación de la enorme deuda con el Fondo aún no está resuelta.
La deuda con los acreedores privados ya fue reprogramada en una negociación considerada exitosa para Buenos Aires. Pero no ha ocurrido igual con el Fondo por más que se ha dicho existe diálogo.
La institución, ahora a cargo de la más dúctil Kristalina Georgieva, se ha negado a quitas, es decir, a rebajas de lo adeudado. Y el Gobierno de Alberto Fernández aspira —es más, necesita— alivio; al menos, en los plazos de pago. Si no, no habrá manera…
Los pasos recién dados por Argentina demuestran que es posible blindar a las economías frente al desgobierno de ejecutivos que acuden, sin conciencia ni pudor, a endeudamientos que laceran la vida de la gente y atentan contra la soberanía.
