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El senador demócrata por Oregón, Ron Wyden, ha propuesto un proyecto de ley que eliminaría los beneficios fiscales que recibe la industria de las prisiones privadas que, entre otros «huéspedes», tiene a niños migrantes detenidos.
La publicación digital Common Dreams publicó el pasado jueves que la administración del presidente Donald Trump continúa deteniendo a los migrantes en la frontera sur, en condiciones que un experto cree que se aproximan a los campos de concentración, y contra ese negocio execrable va, precisamente, el proyecto de Wyden.
Por esas laberínticas legislaciones estadounidenses, que no se pierden si de darles prerrogativas y protección a los negocios se trata, resulta que las prisiones privadas son consideradas fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT, por sus siglas en inglés), y ello es causal de una exención de impuestos especialmente para las ganancias de las empresas.
El senador argumentó su propuesta de esta manera justiciera: «La industria de las prisiones privadas está en auge, justamente cuando el Gobierno de Trump retiene a más inmigrantes detenidos que en cualquier otro momento durante los últimos 20 años. Las empresas que se benefician de poner a los niños en jaulas no deben obtener exenciones fiscales».
Con la exacerbada política antimigratoria de Donald Trump estos centros de detención viven un filón que parece inagotable. El pasado año Bianca Tylek, directora del Proyecto de Transparencia de Centros de Detención, comentaba a la BBC: «Cerca del 65 por ciento de las camas de las que dispone el Gobierno federal para albergar a inmigrantes está en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria».
Con las cifras disponibles de 2017, conocemos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) destinó casi 3 000 millones de dólares para costear el sistema de detención de extranjeros.
Common Dreams señalaba que en los últimos meses han empeorado las condiciones en los centros de detención de migrantes por el hacinamiento, y ponía de ejemplo un centro destinado a 125 personas que mantenía bajo rejas a más de 700 detenidos.
«Mi propuesta es simple», apuntó el senador Wyden. «Las compañías que ganan dinero con la inhumana política de inmigración del Gobierno de Trump y un sistema de justicia penal que aprisiona de manera desproporcionada a las personas de color, van a pagar impuestos como cualquier otra corporación».
En ese negocio se destacan empresas como CoreCivic y Geo Group, las dos mayores compañías dedicadas a tan lucrativo negocio, cuyas ganancias pueden valorarse por estos datos reportados por EFE: «en el primer trimestre del año, Geo Group logró un beneficio de 40 millones de dólares, y 35 millones en igual período de 2018, mientras que la otra gran empresa del sector, CoreCivic, cerró el último trimestre del año pasado con unos beneficios de 41 millones».
Sin embargo, ni siguiera el sistema carcelario privado da solución al problema, y los medios informaban en este junio de 2019 que el Gobierno de Donald Trump ha decidido utilizar una base militar de Oklahoma como el lugar para crear un nuevo refugio temporal, con el propósito de albergar a niños migrantes no acompañados aprehendidos en la frontera con México, cifra que en lo que va del año fiscal se ha incrementado en un 74 por ciento en comparación con el año pasado.
Una televisora de habla hispana señalaba que a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) han sido remitidos, en lo que va del año fiscal en curso, casi 41 000 menores, un incremento de aproximadamente 57 por ciento si se compara con igual lapso del año precedente.
El proyecto Wyden fue bien recibido por activistas de los derechos humanos; sin embargo, «desafortunadamente no terminará con el encarcelamiento en masa o el encierro en jaulas de niños», apuntó Wanda Bertram, directora de Comunicaciones de Prison Policy Initiative.
Ella aboga por justicia penal ante estos encarcelamientos inhumanos y una radical reforma migratoria, que no es precisamente la de Donald Trump.
