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Algo debe reconocérsele a Jair Bolsonaro. Es un hombre que al parecer, cumple. Quienes advirtieron que, con él, Brasil aceleraría el paso hacia la sociedad depredadora de recursos naturales y humanos que abrió Michel Temer, no han tenido que esperar hasta el cambio de Gobierno en enero.
Tan solo los nombres de los propuestos para algunas de las 19 carteras en que quedará su Gobierno —de las 29 que hay— constituyen un bordado no únicamente de lo anunciado por Bolsonaro en su labor proselitista, sino de esa personalidad excluyente y dura que procuraron esconder quienes dirigieron su campaña.
La propia reducción de carteras es evidencia del recorte del Estado prometido para su mandato, una de las puntas de la tríada dictada por quien ha sido confirmado como poderosísimo ministro de Economía, Finanzas y Planificación, Paulo Guedes.
Las otras dos son las privatizaciones —al menos 50 empresas serán vendidas, no importa que sean estratégicas— y la reducción del gasto público, como corresponde a un pupilo de la Universidad de Chicago y de la academia chilena en los tiempos de Pinochet. A Guedes se le identifica por ello como un «Chicago boy».
Los analistas no dudan en asegurar que él será un representante del gran capital contra los trabajadores, para lo cual estará rodeado de un equipo de megaempresarios entre quienes destacan Alexandre Bettamio, presidente ejecutivo para América Latina del Bank of America.
Con el quehacer de Guedes-Bolsonaro viene también la materialización de la reforma al régimen de pensiones que Temer no pudo completar luego de su cuestionado congelamiento del gasto social plasmado en la Constitución, y la reforma laboral.
Dicha reforma, junto a un cambio en el sistema tributario, han sido confirmados este miércoles, cuando Bolsonaro sostuvo su primera reunión con el saliente Temer.
Llega, asimismo, otro proyecto que estaba congelado y fue anotado ya en la agenda del Congreso. El llamado Proyecto de ley del Senado 272/2016 detalla las conductas clasificadas como terrorismo, y forma parte de una Ley Antiterrorista vetada por Dilma Rousseff, mediante la cual podrían criminalizarse ahora los movimientos sociales y legalizarse la persecución de sus miembros.
Pero sigamos con el futuro gabinete, en el que ya están seguros otros cuatro ministros además de Guedes. Entre ellos, el general retirado Augusto Heleno Pereira, un hombre al que le ha parecido muy bien la militarización de Río de Janeiro para combatir la delincuencia y quien dirigirá desde enero la Seguridad Institucional, en tanto un militar en activo cuyo nombre no se ha revelado asumirá la Defensa, y otro hombre de armas, el piloto (r) Marcos Pontes, va a Ciencia y Tecnología.
El resto será nombrado dentro del amplio espectro de 27 nombres que forman parte del equipo de transición, comandados por Onyx Lorenzoni, un personaje implicado en hechos corruptos según Lava Jato, y que analistas locales califican como un representante de la misma vieja política que Bolsonaro dijo que iba a combatir.
Es ahí donde empiezan las dudas acerca de si el presidente electo cumple o no con su principal eslogan de una campaña que le dio el triunfo, sobre todo, por su eficacia en convencer de que él era un individuo «fuera» de una institucionalidad desprestigiada (un outsider), y el indicado para construir un sistema «diferente».
Mientras algunos observadores remarcan que en la lista de asesores no hay un solo nombre de mujer, Brasil de Fato destaca la convivencia en la relación de representantes de tres sectores bien marcados: los militares de donde procede Bolsonaro, quienes significan un grueso 50 por ciento; los neoliberales, y los miembros de la misma vieja y sucia política que el futuro mandatario dijo que iba a hacer desaparecer…
Pero lo más escandaloso de esta etapa transicional ha sido, sobre todo, el confirmado nombramiento del juez Sergio Moro —el perseguidor de Lula— como ministro de Justicia y Seguridad, en una fusión de ambas carteras que convierte en enormes los brazos del magistrado.
La aceptación por este del cargo ha sido considerada un cuño de legitimación sobre presuntos lazos de Bolsonaro y Moro antes de la misma campaña, cuyos resultados fueron abonados por el descrédito que las acusaciones sin pruebas del juez causaron al Partido de los Trabajadores (PT), y el consiguiente apresamiento injusto de Lula.
Tan evidente parece ahora el nexo —por lo eficaz que fue al triunfo de Bolsonaro—, que la defensa de Lula se ha apoyado en este argumento para introducir un nuevo habeas corpus a favor de la libertad del expresidente petista.
Algunos han considerado que la presencia de Moro en el gabinete pone en cuestionamiento todo su proceder en la investigación Lava Jato, que podría quedar detenida.
¿Habrá todavía alguna nueva revelación?
