Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

COLOMBIA, agosto 27.—Más de 11,6 millones de colombianos acudieron a las urnas este domingo a participar en la consulta anticorrupción, según los datos que ofreció la Registraduría Nacional del Estado Civil, reportó Telesur.

Los votantes debían responder si estaban de acuerdo con siete propuestas contra la corrupción, que incluían recortar los salarios de los miembros del Congreso, endurecer las penas para los corruptos y prohibirles que vuelvan a suscribir contratos con el Estado, entre otras.

Con el 97,42 por ciento de las mesas escrutadas, la opción del Sí a la Consulta Anticorrupción votada este domingo en Colombia, alcanzó el 99 por ciento de las preferencias en sus siete preguntas.

Sin embargo, la consulta popular necesitaba la participación de al menos la tercera parte de los electores (es decir, 12.140.342) para que el Congreso se viera obligado a acatarla. Ahora se deberá recurrir a otras vías para la aprobación de las medidas.

¿Qué sucederá luego de la consulta?

Pese no alcanzarse el mínimo de votos necesario, la exsenadora y candidata a vicepresidenta en las elecciones de este año y promotora de la iniciativa, Claudia López, señaló que el próximo martes presentará al presidente Iván Duque y al Congreso una propuesta legislativa que incluya los siete mandatos sometidos a votación.

Hoy Colombia ha dado un paso histórico con el único incentivo de su conciencia. Hoy estrenamos la Constitución del 91 y demostramos que el voto libre Sí puede derrotar la corrupción, manifestó López tras conocer los resultados.

Ahora será el legislativo, dominado por el Centro Democrático, formación opositora a la consulta, aunque con una fuerte oposición de partidos de centro e izquierda, quien tendrá que valorar si escucha a más de 11 millones de colombianos o es el presidente el que adopta las medidas por decreto.

En caso de no ser aprobados por la vía legislativa, podrían ser aprobados por un decreto presidencial.

En este sentido, el mandatario Iván Duque manifestó que presentará, junto con la Procuraduría General, un proyecto de ley, en el cual, entre otros, se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper funcionarios.