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En un arrogante desafío al derecho y la comunidad internacional, el órgano legislativo de Israel acaba de aprobar, por una exigua mayoría, una ley que lo proclama Estado de la nación judía y legitima el régimen de apartheid racista para la población árabe.
Adoptado al término de «una acalorada sesión», al decir del diario The Times of Israel, que se extendió de la noche del miércoles hasta el amanecer de este jueves, «después de horas de furioso debate», la nueva «ley básica» de carácter constitucional suscitó el furor y el más enérgico repudio de líderes palestinos.
En contrapartida, el primer ministro Benjamín Netanyahu, aclamó el coto del Knesset o Parlamento como «un momento crucial en los anales del sionismo», lo que desenmascara el carácter partidista y antidemocráctico del texto.
La ley, adoptada por 62 votos a favor y 55 en contra, estipula, entre otras cosas, que el hebreo se convierte en la única lengua oficial de Israel, un estatuto que compartía anteriormente con el árabe, y afirma que «los asentamientos judíos (en Israel) son de interés nacional».
El texto, difundido en esta jornada por todos los medios de comunicación, proclama a Jerusalén capital de Israel, incluyendo la parte oriental de la ciudad anexada, en un reiterado desconocimiento del estatuto originalmente contemplado por Naciones Unidas en la resolución de partición de Palestina que abrió paso a la constitución del estado sionista y en posteriores resoluciones .
La controversial ley define «el Estado de Israel como el Estado nacional del pueblo judío donde este aplica su derecho natural, cultural, religioso, histórico así como su derecho a la autodeterminación».
Aunque el texto fue enmendado a última hora para suprimir una cláusula que defendía «localidades exclusivamente reservadas para judíos», preconiza la continuidad de la construcción de los asentamientos que desde 1948 se erigen a expensas de la expulsión de la originaria población árabe palestina.
Los actualmente llamados árabes-israelíes suman unos 1,8 millones de personas, alrededor del 20 por ciento de los estimados nueve millones de habitantes de Israel y se consideran víctimas de una discriminación, que los relega a la categoría de ciudadanos de segunda clase.
Al referirse al nuevo artículo, más impreciso, el diputado árabe, Yusef Jabareen, afirmó que el Estado hebreo actúa como «un movimiento judío y colonial, que prosigue la judaización de la tierra y continúa robando los derechos de sus propietarios».
A su vez, el diputado del gobernante partido Likud, Avi Dichter, ponente de la ley, dijo a los diputados árabes: «Hemos aprobado esta ley fundamental para impedir la mínima voluntad o tentativa de transformar el Estado de Israel en una nación para todos sus ciudadanos».
La nueva legislación apunta a todas luces a debilitar aún más la solución del conflicto árabe-israelí que prevé dos Estados, en el que los palestinos constituirán uno propio en Gaza y la Cisjordania ocupada.
