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CARACAS, julio 4.— «Nadie puede pretender un Estado paralelo, ilegal, inconstitucional, improvisado», alertó el presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de que la oposición reunida en la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lanzara el llamado a un plebiscito que no cuenta con el respaldo de ninguna institución.
«El único poder que puede organizar, dirigir, establecer los mecanismos y resultados de cualquier proceso electoral del país se llama Consejo Nacional Electoral (CNE)», reiteró el mandatario a propósito de la supuesta consulta lanzada el lunes por la MUD para el 16 de julio, y en la cual se consultaría sobre la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y que ya está en marcha.
«Estamos preparándonos para un proceso constituyente del pueblo libre, soberano, constitucional, legal, regido por el único poder que puede dirigir cualquier proceso electoral del país llámese elecciones para cargos, referendo, constituyente», afirmó el Jefe de Estado en una reunión del Consejo Federal de Gobierno con los gobernadores y ministros en el Palacio Blanco, dijo Telesur.
La víspera, el excandidato presidencial derrotado dos veces en las urnas, Henrique Capriles Radonski, no escondió el afán soliviantador del llamado para seguir poniendo en jaque la institucionalidad del país, a la par que la MUD mantiene las acciones de calle violentas.
En un programa nombrado Pregunte a Capriles, que transmite la red Periscope, reseñó EFE y publicó el diario El Universal, el dirigente opositor convocó a un nuevo cierre de vías («trancazo») para este martes, y aunque pidió «ser organizados y pacíficos» manifestó que la medida, convocada a nivel nacional, «forma parte de una agenda, de una mayor presión que tenemos que ejercer los venezolanos».
El también gobernador del estado de Miranda dijo que el pretendido referendo se presentaba para contrarrestar la Constituyente, y que dicha consulta «forma parte de la agenda de lucha, no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a esperar el 16 de julio», afirmó, con lo cual, como bien interpretó el diario El Universal, reiteró que hasta esa fecha se harán más protestas.
Mientras el Tribunal Supremo de Justicia acordó este martes que tomará un plazo de cinco días para definir sobre el enjuiciamiento o no de la fiscal general Luisa Ortega, señalada de faltas graves, y razón por lo cual se le celebró este martes un antejuicio de mérito al cual la funcionaria no acudió, a pesar de haber sido citada.
Junto con la vista oral y pública celebrada en dicha jornada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había decretado hace días el congelamiento de sus bienes y la prohibición de que Ortega salga al exterior, hasta tanto se dirima si es o no enjuiciada.
La medida fue solicitada por el diputado Pedro Carreño luego de que la Fiscal solicitara otro antejuicio de mérito contra seis magistrados de la Corte Constitucional del TSJ y dos suplentes, y pidiera la nulidad del acto de la Asamblea Nacional que el 23 de diciembre de 2015 designó a los 13 magistrados y 13 suplentes.
Ortega niega haber firmado tales designaciones, lo cual ha sido refutado por Carreño y por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien en los descargos de este mismo martes presentó las actas con su rúbrica y solicitó se usen pruebas grafotécnicas para probar su autenticidad.
Entre otras actuaciones inconsecuentes con su cargo, se considera que en el Ministerio Público presidido por ella ha habido lentitud para aplicar la justicia contra los promotores de la violencia. A Ortega se le señala por abuso de poder e inacción en el ejercicio de impartir justicia, entre otras irregularidades, lo cual fue documentado en la vista.
Al respecto Maikel Moreno, presidente del TSJ, destacó la importancia de la audiencia, televisada en vivo, para determinar la responsabilidad de Luisa Ortega en «delitos de carácter ético y moral».
Aunque no fue objeto del antejuicio, Ortega ha exigido la nulidad de los decretos promulgados por el Ejecutivo en el camino a la Constituyente, obviando el derecho que le asiste al Presidente de promover la Asamblea, de acuerdo con el artículo 348 de la Carta Magna venezolana.
