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Crecen las movilizaciones contra reforma educativa en México. Autor: www.laopinionpopular.com.ar Publicado: 21/09/2017 | 06:34 pm
MÉXICO, julio 13. —Este miércoles inicia la primera de tres mesas de trabajo acordadas para solucionar el conflicto magisterial en México, en la que se reunirán La Secretaría de Gobernación (Segob) y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reporta Prensa Latina
Estos encuentros permitirán abordar las problemáticas política, educativa y social, en ese mismo orden, según anunció recientemente el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio.
Dirigentes de la CNTE aseguraron que mantendrán su plan de acción y la exigencia de que se cumplan las tres demandas planteadas: suspensión permanente de la reforma educativa, la reparación inmediata de sus efectos nocivos y la construcción de un modelo integral de educación.
En un mensaje a los medios de comunicación, Osorio dijo que la instalación de las mesas tiene un significado muy importante para el país.
El acuerdo alcanzado la medianoche del lunes establece que la mesa para abordar la problemática política se instalará hoy, mientras aquella, en la cual se revisarán los asuntos educativos, iniciará sus labores el 19 de julio.
Finalmente, en la que se discutirán las cuestiones sociales se llevará a cabo el día 21.
Trascendió que para la segunda mesa sobre educación, Osorio expresó que sea atendida por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño.
Subrayó que no se va a abrogar la reforma educativa, aspecto que demanda la CNTE en marchas, plantones y bloqueos a carreteras, entre otras movilizaciones.
Osorio enfatizó que la citada reforma no está ni estará en negociación en las mesas de diálogo acordadas con la CNTE.
Dejó en claro que dicha reforma «no va para atrás», pues permite a niños y jóvenes de México prepararse mejor, y que los maestros tengan mayores estímulos.
Grupos magisteriales rechazan la reforma educativa impulsada en el país por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión, al calificarla de punitiva y privatizadora, además de atentar contra sus derechos laborales.
