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Caracas, marzo 28.— Los cambios en el Gobierno de Mauricio Macri que afectan considerablemente a la población argentina ya no se vinculan solo al alza de los precios y a los despidos masivos, sino que también incluyen sellar investigaciones sobre los terribles desmanes cometidos durante la dictadura militar que imperó en el país entre 1976 y 1983.
Este lunes, el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la Subgerencia de Derechos Humanos (DDHH), mientras que el Ministerio de Modernización autorizó el cambio de nombre y de funciones de la Dirección Nacional de DDHH, que investigaba delitos de lesa humanidad ocurridos durante el Gobierno de la Junta Militar, reportó AVN.
Los empleados de la subgerencia del Banco fueron despedidos y el área cerrada, refirió uno de sus directores, Pedro Biscay. Con ello «se perdió una herramienta fundamental que contribuía con la tarea de mantener vivo el compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pilares esenciales de nuestra democracia», añadió.
El cierre de la instancia contribuirá a que los cómplices civiles del golpe perpetrado hace 40 años «permanezcan libres de juicio y castigo».
Por su parte, el Ministerio de Modernización aprobó el cambio de nombre de la Dirección Nacional de DDHH al de Auditoría Ética sobre las Fuerzas de Seguridad. El organismo había sido creado para garantizar el acceso a la información que los organismos de seguridad se negaban a entregar a los entes de justicia argentinos.
Página 12 reportó que algunas copias de sentencias judiciales, reglamentos y un censo de contenido de archivos, fueron tirados a la basura y las oficinas vaciadas.
Con esas modificaciones, continúa el desmontaje de las instituciones destinadas a investigar las violaciones cometidas por los Gobiernos durante la sangrienta dictadura militar que sufrió el país y que dejó más de 30 000 víctimas.
En tanto, la carestía de la vida sigue su espiral ascendente y ahora le corresponde el llamado tarifazo a la telefonía fija mientras los combustibles vuelven a subir por tercera vez en el año, según PL.
Con este nuevo golpe al bolsillo de los argentinos, las empresas telefónicas aumentarán 186 por ciento el valor del abono mensual, en tanto el precio del combustible se incrementará seis por ciento, aunque sería la última subida para este año.
Sin embargo, el Gobierno anunció también su decisión de suspender la construcción del satélite Arsat-III prevista para este 2016 por cuestiones de presupuesto. De acuerdo con el presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat), Rodrigo De Loredo, la decisión se justifica por la escasez de fondos y confirmó que se retomará su puesta en marcha tras vender los servicios del satélite, lanzado el 30 de septiembre de 2015 por la administración de Cristina Fernández y previsto para tener en el espacio para 2019.
De Loredo manifestó que el programa necesita autofinanciarse y para ello la entidad está buscando nuevos socios colaborativos de Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.
Al respecto, el senador del Frente para la Victoria Juan Manuel Abal Medina aseguró que pedirá informes al poder ejecutivo porque se trata de una «preocupante noticia que demuestra que la ciencia y la técnica orientadas al desarrollo, no son una prioridad en el presupuesto nacional», denunció en su cuenta de Twitter.
