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El segundo día del ciclo 32 de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se inició con discrepancias entre las partes en torno al desminado de campos en varios municipios del país sudamericano y a la existencia o no de grupos paramilitares.
De manera inusual, el Jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, a su llegada al Palacio de Convenciones se acercó a la prensa e improvisó una crítica contra la guerrilla por la negativa del grupo insurgente a pronunciarse públicamente sobre el tema de la eliminación de minas.
«Desde hace varias semanas hemos tratado el tema de gestos para el desescalamiento del conflicto y en particular una propuesta sobre desminado», asunto «crucial para muchas comunidades colombianas», agregó De la Calle.
Minutos antes, el comandante guerrillero Pastor Alape había declinado responder a preguntas de periodistas sobre la limpieza de los campos minados. «Esperamos que en la mesa tratemos esos temas para no ponernos aquí a hacer debate en ese sentido, esos son temas de la mesa. Creo que hay un buen camino en esa dirección», añadió el también miembro del secretariado insurgente.
Este asunto —según De la Calle— es uno de los gestos necesarios para reducir la intensidad del conflicto. Manifestó también que los delegados del Gobierno quedaron «sorprendidos» con las palabras de Alape, pues el desminado ya ha sido tratado en las conversaciones a puertas cerradas.
«Eso no es ninguna especulación, es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace meses y quería claridad a la opinión pública sobre el deseo del Gobierno y la necesidad de que se proceda en esos gestos», agregó el ex Vicepresidente colombiano visiblemente molesto.
Según cifras gubernamentales, 11 000 colombianos han resultado heridos o muertos por minas terrestres y dispositivos sin explotar, desde 1990.
La guerrilla también hizo público este martes un comunicado en el que rechaza declaraciones oficiales al más alto nivel que niegan la existencia de grupos paramilitares en la nación colombiana.
En el texto insurgente se exponen evidencias de amenazas y crímenes diarios contra dirigentes sociales, políticos y populares que llevan la firma de varios de esos grupos asesinos.
A pesar de los tropezones, ambas delegaciones esperan culminar próximamente las discusiones sobre el tema víctimas, que comenzaron hace ya varios meses.
