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El delegado guerrillero Iván Márquez. Autor: Ismael Francisco Publicado: 21/09/2017 | 05:38 pm
Una vez más sentadas a la mesa de diálogo en busca de la paz en su país, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) comenzaron el decimoséptimo ciclo de conversaciones con el debate sobre el tercer punto de la agenda de este proceso: el problema de las drogas ilícitas.
El narcotráfico no es solo un asunto de Colombia, sino que es un complejo problema cuya solución requiere del concurso de la comunidad internacional, se sostiene en la declaración del grupo insurgente, leída por Iván Márquez antes de integrarse a las conversaciones, en las que ya se han alcanzado acuerdos parciales sobre dos de los seis puntos que conforman la agenda: desarrollo rural y participación política.
Márquez apuntó que la represión y las medidas punitivas contra los procesos de producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilícitas, no deben recaer sobre los eslabones más débiles de esta cadena, que son los consumidores y los campesinos, cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del mundo.
Al leer la declaración, Iván Márquez explicó las diferencias entre la hoja de coca y la cocaína. El cultivo, añadió, ha servido durante siglos para mitigar el hambre, la sed, el cansancio y, científicamente, han sido probadas sus propiedades nutricionales y medicinales, por lo que alegó que «resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico, se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad», la que diferenció de la cocaína, un estupefaciente «que plantea hoy un grave problema de salud pública mundial».
En ese sentido, invitó a investigar los inicios de ese negocio y quienes se beneficiaron con el mismo.
Colombia ha sido calificada, durante años, como una de las naciones comercializadoras y exportadoras de narcóticos, acusación que ha sido tomada como excusa para el intervencionismo de potencias extranjeras, como Estados Unidos, en el conflicto interno colombiano.
La mesa de paz aspira a que, para discutir sobre este escabroso asunto, continúen llegando las propuestas y puntos de vista expresados en los foros, que sobre el tema convocó la mesa, y en los que han participado las comunidades afectadas y toda la ciudadanía colombiana.
Por su parte, el equipo gubernamental en la mesa de diálogo, dirigido por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, no ofreció declaraciones a la prensa a su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de los encuentros desde hace un año.
Ese grupo cuenta, a partir de este ciclo, con dos nuevas representantes, Nigeria Rentería y María Paulina Riveros, quienes reemplazan a otros funcionarios del ejecutivo colombiano.
No obstante, antes de viajar a La Habana, De la Calle afirmó que el Gobierno de Juan Manuel Santos aspira a poner fin al cultivo de la coca. «Queremos un campo sin coca, queremos que nuestros campesinos dejen atrás definitivamente estos cultivos, que lo único que han dejado en estas regiones es violencia, pobreza y marginalidad», aseguró.
Otro detalle que matizó el inicio de este nuevo ciclo fue la publicación el miércoles, en la página web de las FARC-EP, de una nota que desmiente los supuestos preparativos de la organización guerrillera para atentar contra la vida del ex presidente Álvaro Uribe y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.
Las FARC-EP desestimaron en su declaración la «cascada» de calumnias que se generaron después de las denuncias —hechas el pasado 12 de noviembre por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón—, las cuales solo tienen como objetivo provocar la ruptura de la mesa de diálogo, aseguró el grupo guerrillero.
