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El Gobierno intenta criminalizar las protestas en Aysén. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 05:18 pm
SANTIAGO DE CHILE, marzo 16.— El Gobierno chileno interpondrá este viernes un requerimiento por la cuestionada Ley de Seguridad del Estado contra participantes en acciones de protesta en la austral región de Aysén, reportó PL.
La decisión fue confirmada la víspera por el vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, quien precisó que la norma se aplicará a los que resulten responsables de hechos en esa zona de la Patagonia chilena catalogados de violentos, entre los que mencionó la quema de un autobús y de un carro lanzagua de la policía de carabineros. Sin embargo, nada se dijo de la represión brutal contra los manifestantes.
Esto es inaceptable y por esto se ha decidido presentar un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado, tanto en Coyhaique como en Aysén, afirmó Chadwick, en alusión a las dos principales ciudades del territorio aysenino.
Según el portavoz, los autores de los hechos referidos están identificados y se darán a conocer a la Fiscalía para que proceda con las investigaciones requeridas, dijo.
Para los manifestantes, sin embargo, la aplicación de esta legislación, surgida durante la dictadura pinochetista para detener el movimiento social, es otro intento por criminalizar sus justas demandas.
Los representantes del Movimiento Social de Aysén y dirigentes de la oposición chilena, e incluso referentes del oficialismo que viven en la zona de conflicto, aseguran que el ejecutivo es el principal responsable de la alteración de la paz social en la Patagonia.
El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, calificó de brutal la represión policial, en tanto el senador del gubernamental Partido Renovación Nacional Antonio Horvath, declaró a Radio Cooperativa que los carabineros «atacaron con bombas lacrimógenas a personas inocentes dentro de sus casas».
Sobre la criticada legislación, el reconocido jurista chileno Eduardo Contreras recordó su nacimiento espurio. Acotó que en su origen nunca fue ley, sino el Decreto 890 de (Augusto) Pinochet, de 1975, cuando ni siquiera había poder legislativo, porque los militares lo habían clausurado.
Por su parte, la abogada Paula Vial, ex defensora pública nacional, comentó semanas atrás que la repetida invocación a tal normativa pretende amedrentar no solo a los que cometen excesos, sino a los organizadores de las manifestaciones, a sus convocantes.
«Cada vez que el Gobierno ha fracasado en su intento por lograr el diálogo ha recurrido a esta ley excepcional como una forma de acallar las protestas y enviar señales de dureza», aseveró.
