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Las personas protestan contra el Senado y el proyecto de ley 1070, durante una vigilia con velas fuera de la Arizona State Capitol en Phoenix. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 04:56 pm
Miles de personas marcharon pacíficamente este domingo en la ciudad de Phoenix, Arizona (suroeste de Estados Unidos), en protesta de nueva ley promulgada el pasado viernes, en la que por primera vez en la historia de este país se le dará a la Policía la oportunidad de detener y sancionar a cualquier inmigrante que se encuentre en situación ilegal en ese estado.
Los manifestantes con pancartas que decían «ayuda, no odio», «no somos criminales, somos estudiantes», rechazaron frente al capitolio estatal el decreto impulsado por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, que estipula multar hasta con dos mil 500 dólares, privar seis meses la libertad y hasta extraditar a su país de origen, a toda persona que se encuentre sin la documentación reglamentaria.
«Durante estos 90 días, yo y otros vamos a hacer actos de solidaridad. Por eso estamos aquí», dijo el congresista demócrata Luis Gutiérrez dirigiéndose en español a la multitud, en referencia al periodo de casi tres meses antes de que la ley entre en vigencia.
Por su parte, el líder de los derechos civiles, Al Sharpton, afirmó que es el deber moral del pueblo unirse en estas circunstancias.
«No se equivoquen. Esto no es una pelea de minorías (...) es una pelea por justicia y equidad para todos», indicó el respetado activista.
La medida es calificada como un «ataque racista» por la comunidad hispana.
La ley firmada por Brewer permite interrogar y detener a cualquiera que pueda parecer inmigrante indocumentado, aunque no sea sospechoso de ninguna actividad ilícita.
Sharpton señaló que los manifestantes se pondrán en contacto con personas de todas partes del país y recorrerán las calles de Arizona sin documentos de identidad y se entregarán a las autoridades para ser arrestados.
«Traeremos gente que caminará libre por Arizona al igual que lo hicieron otros en el sur profundo hace 50 años», puntualizó.
Esta es la primera vez que en Estados Unidos un estado aprueba una ley que le de autoridad a la Policía de someter a los inmigrantes por no poseer una documentación legal.
Defensores de los derechos civiles advirtieron que acudirán a los tribunales del estado para anular la iniciativa y solicitar la intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Este es un año electoral y debido a todos los problemas que han surgido, en el Congreso «la bancada demócrata está tratando de promulgar una nueva reforma migratoria, inclusive antes que la reforma energética, debido a que tienen que demostrar su apoyo a este grupo marginado para no perder su voto ante los republicanos».
Además de los grupos sociales, la Iglesia Católica también se pronunció a favor de los ilegales.
La Archidiócesis de México condenó que se prejuzgue «a cualquier indocumentado como criminal», además consideró que con esta forma de actuar «se violan las garantías individuales», «derechos humanos», la «buena fama» y la «dignidad» de los indocumentados, cualquiera que sea su nacionalidad.
«Considerar como delincuente a todo inmigrante o a todo sospechoso de ser indocumentado refleja una actitud de desprecio al ser humano», aseguró la archidiócesis, que encabeza el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera.
Para resguardar a los inmigrantes, la Iglesia pide a la diplomacia mexicana «hacer un trabajo más intenso y eficaz frente a la nación con la que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera y con la que estamos asociados necesariamente tanto en lo comercial como en lo social y cultural».
El mensaje concluye con una condena expresa a las fuerzas políticas de México, que según la Archidiócesis, «se han vuelto piedra de tropiezo para nuestro desarrollo, complicando las iniciativas de modernización».
Actualmente, cerca de 460 mil inmigrantes viven de manera ilegal en el estado de Arizona, cuya desértica frontera con México se convirtió desde 1993 en el paso de mayor flujo de indocumentados, después de que Estados Unidos reforzara los controles en los también limítrofes estados de California, Texas y Nuevo México.
