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LIMA, junio 10.— El Congreso peruano suspendió temporalmente el Decreto 1090, uno de los varios cuya derogación reclamaban los indígenas de la Amazonía masacrados en Bagua el fin de semana pasado, al tiempo que se esperan este jueves nuevos actos de protesta.
La suspensión aprobada en el legislativo por 57 votos contra 48 que se pronunciaron por la total anulación de la ley, estará vigente de modo temporal, por lo que analistas estimaron que su único propósito es aplacar los ánimos enardecidos por la violenta represión contra los manifestantes el viernes. Los hechos dejaron unos 40 muertos según cálculos conservadores, y han provocado demandas de renuncia al gabinete de Alan García, y pedidos de investigación a la OEA.
La denunciada manipulación de los acontecimientos, según afirman el movimiento indígena y agrupaciones sociales de Perú, también obligó a la salida del país de Alberto Pizango, líder de los pueblos originarios en la Amazonía, culpado por el gobierno de los hechos y a quien Nicaragua concedió asilo, confirmó Telesur. Las autoridades peruanas acusan a Pizango de sedición, conspiración, rebelión y motín.
Las jornadas de movilización en rechazo a las leyes se iniciaron desde el mes de abril con cortes de carretera y bloqueos de caminos, después que los pueblos amazónicos denunciaran que las legislaciones abren las puertas de esos territorios, ricos en recursos, a las transnacionales, y conspiran contra el hábitat y la presencia de ellos mismos en las tierras donde vivieron sus ancestros.
A mediados de la semana pasada, la suspensión de los debates en el legislativo provocó el estallido popular del viernes, reprimido desde helicópteros y carros de combate contra indígenas que solo portaban palos y lanzas, y se reportaron más de 30 muertos a los que habría que sumar decenas de desaparecidos, según las denuncias.
AP describió que el debate este miércoles en el legislativo fue encendido y enfrentó a quienes votaron por la suspensión temporal y a los que pedían la eliminación total de las leyes. Luego de cuatro horas de discusiones, diputados del Partido Nacionalista se apostaron en el centro del hemiciclo con carteles de respaldo a las demandas indígenas.
«Queremos dirigirnos a la comunidad internacional para denunciar el maltrato y el desprecio que se siente por las comunidades nativas», proclamó el legislador nacionalista Roger Nájar, dijo la agencia.
Antes de la votación, el presidente Alan García había advertido que el país no debía ceder a chantajes ni a posiciones de fuerza, añadió el cable. «Un país que está marchando bien, si se deja vencer por pequeños grupos que no representan lo más avanzado en el país, entonces es un país que está condenado a detenerse o retroceder», agregó el mandatario, según el despacho. Otros afirman que el propósito del ejecutivo es crear un clima favorable para una nueva negociación con los demandantes.
Mientras, movimientos indígenas, campesinos, sindicales y partidistas confirmaron desde hace días su acatamiento a una movilización nacional de protesta convocada para este jueves, en solidaridad con los habitantes de la Amazonía.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, anunció que el gobierno ha dispuesto que las Fuerzas Armadas actúen en respaldo de la policía para garantizar «el orden interno» en esa jornada, informó AP. No deben descartarse, por ende, nuevos hechos violentos.
