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Un panel del Senado de EE.UU. revisa cómo la CIA realizó los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo, pero ¿acaso asegura que no sucederá nunca más?

El nuevo director de la CIA, Leon Panetta, trazó la línea de la impunidad: ningún empleado de la Agencia Central de Inteligencia será castigado como resultado de la revisión que el Senado de Estados Unidos hace a los métodos de interrogatorios empleados contra los «sospechosos de terrorismo» durante el programa de detenciones secretas que comenzó en 2002 bajo el nombre de «rendiciones extraordinarias», y que según los medios se practicó contra más de un centenar de hombres, en los «sitios negros» distribuidos como sistema de prisiones en un buen número de países de al menos dos continentes, uno de ellos la aliada y civilizada Europa.

El mensaje del designado por Barack Obama para dirigir la agencia de subversión y espionaje con muy tenebroso historial desde que fue creada en 1948, llegó a cada agente mediante un correo electrónico, el jueves de esta semana. En él, Panetta reiteraba lo que ya había declarado ante el Comité de Inteligencia del Senado el mes pasado, con lo que hacía «justicia» a su manera, porque oficialmente se asegura que esos interrogadores cumplían lo establecido en las guías o regulaciones de la CIA permisivas de la utilización de la tortura, aunque por supuesto ese término no es admitido como el exacto para calificar los procedimientos mundialmente criticados y extensamente aplicados por EE.UU.

Un panel del Senado, liderado por la demócrata Dianne Feinstein y el republicano Kit Bond, hace el teatro, que durará un año de pesquisas, a fin de analizar la legalidad y la efectividad de las tácticas de la Agencia Central de Inteligencia, no para eliminar las detenciones y los interrogatorios, sino para configurar esas políticas con vistas al futuro...

Hay puntos a determinar por el grupo congresional sobre cómo fueron creados, operaban y eran mantenidos esos programas de detención e interrogatorio; de qué forma la CIA determinaba cuáles detenidos tenían información relevante; si es que utilizaba técnicas y métodos «mejorados» —aunque usted no lo crea lo de «mejorados» sirve para calificar al waterboarding o tortura del submarino o simulacro de ahogamiento, ampliamente usada—; y si el programa fue implementado de conformidad con la política oficial de la agencia y con las opiniones reglamentarias de la Oficina del Consejero Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

También verá el panel senatorial si la CIA, ante indagaciones del Departamento de Justicia y del Comité de Inteligencia del Senado, describió con exactitud cómo manejaba verdaderamente a los sospechosos de terrorismo.

El propósito, por decirlo en boca del ayudante de un senador que prefirió el anonimato, es «aprender lecciones sobre los programas y ver si hay recomendaciones que puedan hacerse para las detenciones y los interrogatorios en el futuro», citaba el diario británico The Guardian.

A la CIA la tratan con extremo cuidado, quizá las pesquisas ni siquiera salgan a la luz pública, y puede colegirse que la intención es mantenerle los poderes a la tenebrosa institución, y apenas cuidar que no traspase ciertos límites que ponen en entredicho el «prestigio» estadounidense.

Según Leon Panetta, se trata de poner junta «la información histórica»...

Una información que pudiera también empolvarse, como en definitiva se hizo en la era bushiana con los resultados del Comité Especial del Senado que dirigió en 1975 el senador demócrata por Idaho, Frank Church, y que llevó a la restricción de las actividades de inteligencia de la CIA dentro de Estados Unidos y de otras operaciones sucias. Uno de los males exacerbados por la administración que recién dejó la Casa Blanca fue precisamente imponer un régimen de vigilancia extrema sobre prácticamente todos los estadounidenses, al «legalizar» no solo las escuchas telefónicas, sino el rastreo de los correos electrónicos, de la navegación por Internet, de la lectura de libros en las bibliotecas, y muchas otras formas de espiar y restringir las libertades civiles en EE.UU.

Días antes del e-mail del Jefe de la CIA, la operación impunidad tuvo otra arista que re-cuerda aquella borradura de cintas grabadas del asunto Watergate, durante la era Nixon: la CIA destruyó cerca de cien cintas de video sobre los interrogatorios y otros tratos dados a los detenidos.

El lunes 2 de marzo se conoció del asunto que involucra un proceso civil en Nueva York abierto por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) contra el Pentágono, en busca de más detalles sobre los programas de interrogatorios puestos en práctica por la administración de George W. Bush luego del 11 de septiembre de 2001.

El montaje de este nuevo proceso que parece no llegará a una conclusión ni al conocimiento total de la verdad, lleva declaraciones de partes involucradas en la causa judicial. Por ejemplo, para el fiscal Lev Dassin «la CIA no podía identificar ahora el número de videotapes que fueron destruidos», aunque en la carta sobre el asunto decía: «Noventa y dos cintas de video fueron destruidas».

Esto lleva al tapado total de pruebas relacionadas con el trato a los detenidos, la posible muerte de cualquiera de ellos bajo la custodia de la CIA o de los militares del Pentágono, y el traslado de los sospechosos a las cárceles secretas.

Una simple palabra: «sad» (triste), utilizó el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, para definir lo sucedido con los videos, al tiempo que se pasaba con fichas ante los reporteros aclarándoles que no había hablado con el Presidente sobre el tema, pero —eso sí— les subrayaba a los periodistas que el Presidente estaba comprometido con terminar la tortura mientras también protege los valores norteamericanos.

Sin embargo, no son pocos en Estados Unidos los que exigen una búsqueda de la verdad. Amrit Sing, abogado de ACLU, dijo que «el gran número de videos destruidos confirma que la agencia se involucró en un sistemático intento de ocultar evidencia sobre sus interrogatorios ilegales y para evadir las órdenes de la corte».

Pero, el vocero de la CIA, George Little, aseguraba que «ciertamente cooperaron con la investigación del Departamento de Justicia. Si alguien piensa que la política de la Agencia es impedir la ejecución de las leyes estadounidense, ellos simplemente no conocen los hechos».

Los hechos son las torturas emprendidas por la CIA, los vuelos secretos, las cárceles ocultas y la destrucción de las 92 cintas, entre las cuales se supo que hay 12 donde se mostraban interrogatorios «bien duros», aplicados contra un tercio de los «sospechosos de terrorismo». El ex director de la CIA, Michael Hayden, conoció al menos del uso del waterboarding, o simulacro de ahogamiento, en tres de los detenidos, y en su momento el vocero de la Casa Blanca de Bush, el hijo, aseguró que su jefe «no recuerda haber sido alertado» de la existencia de las cintas, algo que casi nadie en este mundo se cree.

En las cintas desaparecidas se incluyen los interrogatorios de Abu Zubaydah, considerado uno de los lugartenientes de la red terrorista Al-Qaeda y de otro de los líderes de la organización de Osama Bin Laden, cuyo nombre no ha sido revelado.

Funcionarios de la era Bush justificaron la operación de ocultamiento diciendo que protegían las identidades de los interrogadores, cuando se debatía en el Departamento de Justicia si las tácticas eran legales o no.

Con razón son varias las investigaciones criminales que acompañan a la pesquisa que se conduce sobre la destrucción de los videos.

En una entrevista con el periódico británico Mail on Sunday, el etiope Binyam Mohamed, quien estuvo detenido durante siete años en el campamento de concentración que Estados Unidos instaló en la ilegal Base Naval de Guantánamo, y que fue liberado el pasado febrero, aseguró que el largo encierro lo dejó mentalmente traumatizado y físicamente roto.

«Mentalmente hoy, el resultado de mi experiencia es que me siento emocionalmente muerto»... «Podría usted hacerme lo que quiera, que no lo sentiría», explicó este hombre, quien asegura que los peores suplicios los sufrió en una cárcel secreta de la CIA en Afganistán, donde permaneció durante cinco meses, antes de ser enviado al centro de detención en Guantánamo en septiembre de 2004.

Binyam Mohamed agrega un punto esencial a sus revelaciones: después de la elección de Barack Obama la situación en la base empeoró, porque los guardias quieren tomarse su última «revancha» antes del cierre de la cárcel.

Haciendo un poco de historia, fue el 6 de septiembre de 2006 cuando Bush admitió finalmente que en su «guerra contra el terror», habían practicado detenciones secretas y desapariciones. A pesar de algunas cifras dadas con posterioridad, hasta el momento se desconoce el número exacto de personas que fueron encarceladas, torturadas y desaparecidas en estos años. Simplemente están fuera de los registros.

Recordemos también que en 2005 salió a la luz que en noviembre de 2002 en una cárcel secreta al norte de Kabul, pagada, supervisada y regentada por la CIA en un viejo almacén bajo el código de SALT Pit, los guardias desnudaron a un joven afgano detenido que se negaba a cooperar, lo encadenaron al suelo, lo dejaron en ese estado toda una noche bajo temperaturas congelantes y al día siguiente amaneció muerto. La autopsia practicada inmediatamente por un médico de la CIA registró la causa de la muerte como «hipotermia», el cuerpo fue enterrado sin marca alguna, nadie notificó a la familia y así quedó como uno de los «detenidos fantasmas», el término empleado por la CIA para sus prisioneros no registrados en libro alguno.

El oficial de caso de la CIA que actuó en Salt Pit fue promovido. Ni siquiera hablemos de Abu Ghraib, donde la prensa estadounidense todavía le llama los «abusos»...

En junio de 2007, basados en investigaciones realizadas por varios grupos de derechos humanos (Amnesty Internacional, Cageprisioners, el Center for Constitucional Rights, el Center for Human Rights and Global Justice, la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, Human Rights Watch y Reprieve, dieron a conocer que por lo menos 39 individuos estaban desaparecidos forzosamente por las autoridades de Estados Unidos y que incluso las esposas y los hijos de otros detenidos en custodia secreta de la CIA habían sido sometidos también a interrogatorios y detenciones a fin de asegurar la captura de sus familiares considerados «sospechosos de terrorismo».

Entonces se daba una lista que incluía a ciudadanos de Marruecos, Libia, Egipto, Paquistán, Kenya y España, arrestados en Paquistán, Iraq, Irán, Somalia y Sudán y transferidos a sitios secretos del gobierno de EE.UU.

Posteriormente se conocieron de muchos más casos, el escándalo provocado por tales prácticas contrarias y violatorias de todas las leyes internacionales que protegen los derechos humanos y tienden a preservar a los prisioneros de guerra, sometió a la administración Bush a un escrutinio mundial e interno que ni siquiera ha podido reconocer al ex mandatario y su cohorte como criminales de guerra.

Aunque una de las tres primeras órdenes ejecutivas firmadas por Barack Obama en enero de 2009, tras tomar posesión de su cargo, llama al cierre del polémico centro de detención de la Base Naval de Guantánamo, y otra requiere que los interrogadores estadounidenses de todas las agencias de EE.UU. se adhieran a las reglas del Manual de Campo del Ejército, y los detenidos sean tratados de acuerdo a la Convención de Ginebra, la advertencia de Binyam Mohamed pone en entredicho la voluntad presidencial.

Hay también quienes se oponen a esos cambios y justifican su actitud bajo el consabido «ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos». Apenas anotemos que Hayden —todavía en enero a cargo de la CIA— en una nota enviada a sus empleados para seguir las órdenes que había dado el nuevo presidente, les recordó: «nuestra agencia tiene muchas herramientas contra el terrorismo en su arsenal. El programa de rendición, detención e interrogatorios fue una de las importantes»...

Quizá un capítulo se cierra, pero pudiera suceder que otras puertas secretas estarían listas a abrirse y dar continuidad a una extensa historia criminal.

En una declaración formulada por el senador por Vermont, Patrick Leahy, en que prácticamente solicita la creación de una comisión de la verdad, tras relatar las violaciones del poder ejecutivo que cometiera Bush y su gente, concluye con esta pregunta sustancial de alerta: «¿Cómo estaremos seguros de que esto no suceda de nuevo?».