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BRUSELAS, diciembre 10.— Los líderes de la Unión Europea acordaron que Irlanda organice un nuevo referéndum sobre el Tratado de Reforma de la UE (Tratado de Lisboa) antes de noviembre de 2009, tras su rechazo hace seis meses, a fin de que el texto pueda entrar en vigor en 2009.
Los jefes de Estado y de gobierno, reunidos el jueves y el viernes en su cumbre semestral en Bruselas, consensuaron otros temas todavía abiertos en la estrategia comunitaria de lucha contra el cambio climático.
Pero el gran problema en debate son las medidas para combatir la crisis económica, y según avanzaron a EFE fuentes comunitarias, también en este ámbito era probable la consecución de un acuerdo.
Respecto al Tratado de Lisboa, los Veintisiete respaldaron la propuesta de la presidencia semestral de la UE (Francia) para resolver el problema generado por el NO irlandés al texto en junio pasado.
A cambio de que Dublín organice otro referéndum, los líderes aceptaron su petición de que todos los Estados miembros sigan teniendo un representante en la Comisión Europea, y se comprometieron a ofrecer a Irlanda garantías jurídicas adicionales de que podrá mantener su tradicional política de neutralidad y de que la UE no interferirá en temas nacionales sobre política fiscal, familia, cuestiones sociales y éticas.
El Tratado de Lisboa preveía que, para mejorar la eficacia del Ejecutivo comunitario, a partir de 2014 se reducirían sus miembros hasta un número igual a dos tercios de los Estados miembros (habría 18 comisarios), sobre la base de un principio de rotación entre los países.
Aunque algunos gobiernos eran reticentes a ir ampliando la Comisión según se incorporen nuevos países a la UE, aceptaron satisfacer los deseos de Irlanda al considerar prioritaria la ratificación del texto.
En cuanto al paquete de medidas contra el calentamiento global, los 27 consiguieron un «gran consenso» sobre la propuesta francesa, que eleva ligeramente (del 10 al 12 por ciento) los fondos procedentes de las subastas de derechos de emisión que se repartirá entre los países más pobres de la Unión.
Fuentes diplomáticas aseguraron que solo Hungría mantiene reticencias, ya que quiere que ese porcentaje sea superior al 12 por ciento.
La obligación de pagar a partir de 2013 por los derechos de emisión, concedidos ahora gratuitamente, es el punto más polémico del plan cuya finalidad es reducir la emisiones de gases contaminantes y aumentar el uso de las energías limpias.
Se trata del triple objetivo 20-20-20: reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20 por ciento, lograr una cuota de renovables del 20 por ciento, y recortar el consumo energético en otro 20 por ciento, todo ello en 2020 y en comparación con los niveles de 1990.
