Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Poco le importan las críticas severas de los grupos de defensa de las libertades civiles, la administración de George W. Bush en sus postrimerías, a paso de ganso como las hordas hitlerianas, marcha a un control cada vez mayor de sus propios ciudadanos y también del resto del mundo. Y quienes se supone son «la oposición» —es decir los demócratas— refrendan el carácter cada vez menos bipartidista del sistema político, dándole el visto bueno a leyes que certifican y normalizan el espionaje y la represión.

Hace apenas una semana, la Cámara de Representantes —por 293 votos contra 129— aprobó un proyecto de ley sobre escuchas telefónicas que Bush justificó diciendo que es «vital para nuestra comunidad de inteligencia tener la posibilidad de saber con quiénes hablan los terroristas, qué dicen y qué planean».

Unos días después, el miércoles 25, el Senado aprobó la ley de espionaje respaldada por la Casa Blanca que protege a las compañías de telecomunicaciones ante posibles pleitos multimillonarios por violar la privacidad. Y ocurrió exactamente lo mismo, los republicanos votaron en bloque con un sustancial apoyo de los demócratas (80 a 15 quedó el conteo).

Ponerse de acuerdo las dos cámaras y que Bush firme la reglamentación es cuestión de días; por tanto, la ley que expiraba en febrero, sigue vigente, y más aún, está enmendada para hacer más efectiva la vigilancia.

El senador demócrata por Wisconsin Russ Feingold, uno de los más tenaces opositores a la medida, fue categórico en su valoración: «Esta ley no es un compromiso. Es una capitulación». Mientras que el republicano por Missouri Christopher Bond, aseguraba: «Hemos tenido la oportunidad de decirle al pueblo norteamericano que la comunidad de inteligencia en la que nuestros ciudadanos, nuestras tropas y nuestros aliados confían... puede continuar haciendo su trabajo».

Se trata de proteger a la AT&T Inc, Verizon Communications Inc y Sprint Nextel Corp, las compañías que participaron —y de hecho participan— en el programa doméstico de espionaje sin autorización judicial que Bush comenzó de forma secreta inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, contra las cuales se han establecido unos 40 litigios por miles de millones de dólares, acusándolas de violación del derecho de privacidad.

Sin embargo, algo se le quedó en el tintero a las pretensiones de la administración: no habrá inmunidad retroactiva; pero como bien dice el refrán quien hace la ley hace la trampa, la corte de distrito federal puede rechazar una demanda si las empresas presentan un certificado por escrito en el que la administración le aseguraba a las compañías que el programa era legal. No tenga usted duda alguna de que el papelito en cuestión siempre va a estar a mano.

Comcast, una empresa dedicada a seguir tus huellas en Internet.

En el meollo del debate ético-jurídico está la violación cometida por Bush y su gente al Acta de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) de 1978, que requiere de una aprobación secreta de las cortes para el seguimiento electrónico de cualquier objetivo o blanco extranjero en Estados Unidos y de las comunicaciones de los norteamericanos con extranjeros.

Pero como el señor de la Casa Blanca metió a su país y al mundo en un tiempo de guerra de duración casi infinita con el engendro de la sui géneris «guerra contra el terrorismo», se adjudicó poderes casi omnímodos y alega sin el menor rubor que esa condición bélica especial le autorizaba poner en vigor el programa que puso a FISA bajo su jurisdicción. El autoritarismo del reyecito de la democracia creció bajo términos que permanecen secretos.

Un artículo del diario The New York Times afirmaba que el acuerdo entre republicanos y demócratas expande los poderes del gobierno para espiar, fortalece la capacidad de los oficiales de inteligencia para escuchar secretamente conversaciones privadas de extranjeros o con extranjeros, les permite llevar a cabo durante una semana grabaciones de emergencia a estadounidenses, sin necesidad de orden judicial alguna, si estiman que podría perderse importante información para la seguridad nacional. «Es la más significativa revisión de la ley de vigilancia en 30 años».

Supuestamente una Cámara y un Senado de mayorías demócratas no debieron permitir tales burlas y violaciones a las leyes y a la propia Constitución, pero en un año electoral cualquier cosa puede suceder cuando hay más preocupación por obtener los votos que por asegurar los derechos ciudadanos.

De esta forma, desde que la fraudulenta administración logró la Patriot Act, al amparo de los atentados del 11 de septiembre, los derechos civiles de los estadounidenses han sido conculcados, a pesar de que no pocos ciudadanos y organizaciones se pronunciaron contra lo que vieron claramente como transgresión a sus procedimientos jurídicos y su modo de vida.

La publicación The Nation recordaba que el Comité de Defensa de la Declaración de Derechos (BORDC) inició de inmediato una campaña nacional para lograr que ciudades, condados y estados se irguieran a favor de la Constitución.

Aunque sin éxito en cuanto a revertir los poderes cada vez mayores de ese «culto a la presidencia» entronizado por el equipo bushiano, los esfuerzos y las denuncias de BORDC y otros han logrado que más de 400 comunidades y ocho estados pasen resoluciones declarando su apoyo a la restauración de la protección a las garantías establecidas por la Constitución y el Bill of Rights.

Pero la agresión a la privacidad arremete a diario contra la Cuarta Enmienda, lo hace desde la arrogancia del ejecutivo y el letargo del legislativo, mermando cada vez los supuestos derechos ciudadanos y las libertades civiles, con las escuchas ilegales, el uso de la tortura ordenada y refrendada desde la Casa Blanca, el Pentágono, y la CIA, la persecución por el perfil étnico o confesional, la criminalización del movimiento antibélico y de los inmigrantes indocumentados, etc...

Una de las acciones más recientes de esa gendarmería que quiere ejercer el control absoluto de una sociedad orwelliana, pone a los agentes fronterizos de Estados Unidos en una nueva función y los ocupa en seguirle los pasos a los presuntos terroristas.

Pormenores inéditos de los procedimientos que están convirtiendo a EE.UU. en un estado policiaco por excelencia los divulgó una periodista de MacClatchy Newspaper que dio cobertura a lo que dijeron testigos ante un subcomité del Senado el miércoles 25: las autoridades en las fronteras del país están copiando e incautando los contenidos de las laptops, teléfonos celulares y cámaras digitales, tanto de estadounidenses como de viajeros extranjeros que entran a Estados Unidos.

Por añadidura, el Departamento de Seguridad de la Patria (DHS), la entidad oficial creada por la administración bushiana para ejercer ese control supremo, le da la espalda constantemente a los requerimientos de información sobre tales métodos y otros.

Cuán extendida está la práctica de hurgar subrepticiamente en las computadores portátiles y otros adminículos digitales, es una pregunta sin respuesta por ahora, porque el DHS que encabeza Michael Chertoff se niega a darle respuesta a los requerimientos del Subcomité del Senado sobre la Constitución y también declinó enviar una representación a la audiencia.

Con arrogancia, enviaron una declaración escrita haciendo saber que no tenían intención de infringir la privacidad de los norteamericanos, sino proteger al país de los terroristas y criminales, cuyos artefactos de comunicación electrónica podían revelar materiales incriminatorios.

Jayson Ahern, el subcomsionado de Aduana y Protección de la Frontera firmó la declaración en la que asegura que han encontrado material de «jihadistas, información sobre materiales tóxicos y nucleares, videoclips de aparatos explosivos en acción, fotos de altos jerarcas de la terrorista Al Qaeda y otros materiales asociados a personas que buscan dañar a EE.UU. y a sus ciudadanos».

Pudiera ser cierto —aunque algunas de esas «evidencias» pueden hallarse en decenas, cientos y quizá miles de páginas de la web, la red o telaraña de Internet que creara hace ya unas décadas el mismísimo Pentágono—, pero también es real que el espionaje sobre las comunicaciones y ahora esta revisión ilegal de las laptops la han hecho a miles y millones de personas, dentro de su territorio y en el exterior, mediante el control que ejercen sobre las redes comunicacionales de todo el orbe.

Tres entidades o grupos —la Electronic Frontier Foundation, la Asian Law Caucus y la Association of Corporate Travel Executives—, firmaron el año pasado un requerimiento judicial para que el DHS respondiera estas preguntas: cómo utilizan el material que requisan, quién puede verlo o quiénes lo usan, y todavía están esperando. Estas entidades, junto a otros grupos están intentando defenderse de lo que consideran no solo una invasión de la privacidad, sino una puerta abierta a la persecución étnica y racial.

Parece ser que las autoridades fronterizas tienen predilección por escudriñar en los artefactos digitales de musulmanes, árabes y sudamericanos, a quienes interrogan, además, sobre sus puntos de vista políticos y religiosos.

El cerco del abuso gubernamental se cierra, Bush está dejando una herencia muy peligrosa que anida un fascismo imperial bajo el ropaje enmascarante de la lucha contra el terrorismo, por la democracia y la libertad...

Y el «compromiso» republicano-demócrata no garantiza el control sobre lo que ha hecho y está haciendo esta administración; simplemente legaliza los muchos crímenes de Bush.