Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Los de abajo defienden la integridad de la nación. Foto: ABI Que no estalle la violencia podría ser solo el alivio inicial para quienes advierten, preocupados, el intento soliviantador y separatista que materializan este domingo la prefectura y el comité cívico de Santa Cruz: su desacato a todos los llamados y todas las leyes anuncia que no vacilarán en esgrimir, empero, las papeletas sin valor de su referendo para seguir atizando la discordia.

En última instancia, se conformarían con profundizar una labor de zapa que busca frenar el avance de la refundación. Por eso sabotearon todos los intentos del Gobierno por llegar a un consenso mediante el diálogo, y se han obstinado en realizar la consulta.

La intransigente actitud reiterada apenas el viernes por Branco Marinkovic, titular del Comité Cívico de Santa Cruz y cabeza visible de la campaña divisionista junto al prefecto Rubén Costa, evidencia que los propósitos no han cambiado a pesar de la repulsa internacional que ha provocado el llamado ilegal a votar, y su intención balcanizadora.

En entrevista que publicó en España el diario El País, Marinkovic dijo que esperaban contar este domingo con ¡el 80 por ciento del voto! y que, en caso de ser «respaldado» su proyecto, «empezará un largo proceso de transferencia de competencias que esperamos sea tranquilo, y cuanto antes suceda, mejor».

¿No es, acaso, una amenaza?

De otra parte, la tibia resolución de la OEA que, conminada con visos de urgencia por las autoridades de Bolivia, se pronunció al filo de la madrugada del sábado contra la desintegración del país, fue incapaz, sin embargo, de desacreditar el intento secesionista que se emprende este día.

Ello resultó elocuente. Quedaba otra vez al descubierto no solo el conocido peso que Estados Unidos sigue teniendo en esa institución, a pesar del cambio en la correlación de fuerzas que vive Latinoamérica. Además, estaban al desnudo los intereses foráneos mal agazapados detrás de la oligarquía nacional.

En el transcurso de las largas siete horas que duró la discusión, fuentes extraoficiales dijeron que el empantanamiento del Consejo Ministerial de la OEA para adoptar una resolución se debió a la postura de Washington, opuesto a una condena explícita que habría contribuido a desmontar la consulta.

Se trataba de un pronunciamiento necesario y justo cuando se está jugando bajo las reglas democráticas que el propio imperio ha impuesto a la región, haciendo adoptar a la OEA su llamada Carta Democrática Interamericana. En función de ella, el organismo debe ejercer sus oficios cuando la democracia esté amenazada en uno de sus países miembros. El referendo autonómico ¿no está avisando la posible ruptura de la democracia en Bolivia, al pasar por encima del gobierno legítimamente electo en esa nación? Es la segunda vez que la Carta falla después de la inacción de la OEA cuando Pedro Carmona Estanga, el Breve, rompió el orden constitucional en Venezuela y depuso por horas al presidente Hugo Chávez.

Pero a nadie le sentaba mejor que a la Casa Blanca una ruptura del estatus en Venezuela entonces, como ahora en Bolivia. El conato separatista podría ser peligrosamente imitado en otros países de América Latina cuando, como nunca antes, los vientos soplan en la región hacia su unidad y real integración.

Los riesgos inmediatos no solo pueden olfatearse; es posible tocarlos con las manos.

Después de Santa Cruz, anuncian seguir el mismo sendero en Bolivia los departamentos de Pando, Tarija y Beni: junto con Santa Cruz, los más ricos en recursos naturales, y donde ya se ha establecido fecha en junio para sus respectivos referendos autonómicos. Así, los estados identificados como de la Media Luna, dividirían y balcanizarían la nación.

Los rostros de los protagonistas han quedado a la luz pública. De ascendencia croata, Marinkovic es identificado como peón de la misma estrategia separatista impulsada desde Estados Unidos que hizo trizas a la República Federativa de Yugoslavia, importada ahora a la nación andina por el actual embajador yanqui, Philip Goldberg, un hombre cercano a su ex colega en el país europeo, Richard Holbrooke, y a otros artífices del plan que recientemente tuvo un nuevo fruto con la pérdida serbia de Kosovo.

Manipuladora, la estrategia halla sostén en Bolivia en el egoísta proyecto racista conocido como ‘la nación camba’, en alusión a la minoritaria población blanca que conforma la pudiente oligarquía nacional. Un país para los blancos y ricos nacería hoy con la emergencia de lo que Costas llamó «una segunda república». Los otros, la mayoría indígena, son para ellos ‘los collas’ que defienden los cambios propulsados por el gobierno de Evo y del MAS.

Ante la intransigencia de los que están apostando a la desestabilización que propicie el caos, y que estarían de plácemes con una intervención extranjera aun al precio de la soberanía, esas amplias mayorías, dentro y fuera de Santa Cruz, se han manifestado pacíficamente los días precedentes, en respaldo al Gobierno.

En la localidad sometida al referendo inconstitucional, su postura es la abstención que inhabilite, per sé, cualquier resultado, aunque no faltan voces que denuncien las presiones de que es objeto la población local.

Editoriales enviados en correos electrónicos hablaban el viernes de un clima de «temor e incertidumbre» impuesto por la denominada Juventud Cruceñista —instrumento de los llamados comités cívicos y famosa por su agresividad contra la Constituyente en Sucre— en tanto los medios de comunicación apenas han dado espacios a quienes disienten de la consulta, escribió el periodista boliviano Grover Cardozo.

No faltan, sin embargo, localidades que se pronuncien tajantes contra el acto divisionista, como Cordillera y Camiri, que el viernes se declararon «provincias rebeldes y autónomas, con la firme decisión de no permitir que las logias cruceñas impongan ni medio artículo de sus estatutos a partir del 4 de mayo», reportó Telesur.

Pero los de Santa Cruz son también los mismos esfuerzos que antes movieron los hilos para sabotear el trabajo de la Asamblea Constituyente en Sucre, y movilizaron contra los delegados del MAS a hordas calificadas de fascistas que más de una vez acudieron a la agresión física contra los asambleístas, y contra la propia fuerza policial.

En el fondo están el descontento oligárquico y el del poder transnacional, por una gestión refundadora que se traduce en soberanía y recuperación de los recursos naturales bolivianos.

No pudieron impedir la redacción de la nueva Carta Magna cuyo sometimiento a la aprobación popular ha sido impedido por el propio cuestionamiento de los prefectos de la oligarquía y ahora quieren, sencillamente, romper los lazos con el país, por más que Marinkovic se empeñe en decir lo contrario.

Para poder sortear esos obstáculos, el ejecutivo que preside Evo Morales ha debido aprobar por decreto las decisiones más importantes adoptadas desde su llegada a la presidencia, en enero de 2006. Así se firmó, cuatro meses después, la Ley de nacionalización de los hidrocarburos, único de los grandes propósitos del MAS que ha podido cumplirse plenamente hasta ahora. Esa sola decisión ha propiciado la renegociación de contratos que incrementaron en 1 700 millones de dólares anuales, los ingresos que el Estado boliviano dedica a hacer la justicia social.

Pendientes están la culminación de la ya iniciada redistribución de las tierras y la recuperación de los recursos mineros, cuya vuelta a las manos estatales está sentada en esa Carta Magna nueva que objetan Marinkovic, Costa, y el resto de los prefectos de la Media Luna. El referendo también se enfila contra esa Constitución.

Pero, aun si no se conocieran los fines arteros que persigue el pretendido acto electoral de hoy, bastaría tomar en cuenta su total falta de legalidad para objetarlo. No existe absolutamente ningún resquicio jurídico que sustente su celebración y, mucho menos, que obligue al Gobierno de Evo a acatar lo que, presuntamente, «el voto» dictamine.

El referendo autonómico no está avalado por la Constitución actual, reformada durante el gobierno de Carlos Mesa aún bajo el derrotero neoliberal, y donde no existe un solo artículo que tenga que ver con la refundación emprendida por Morales. La Carta Magna vigente no otorga potestad a las prefecturas ni a las cortes departamentales para convocar a ningún tipo de elecciones y, por si no alcanzara, ese carácter inconstitucional fue remarcado en febrero por una resolución especial del Congreso.

Se trata de una consulta que ha sido entera pero muy parcialmente fraguada y organizada por los mismos que quieren la separación de Santa Cruz. El Consejo Supremo Electoral no solo la ha desaprobado sino que, consecuentemente, no ha participado en la preparación de su infraestructura. Boletas, urnas, la propia tramposa pregunta que se somete a consulta y el conteo de los votos, corren totalmente a cargo de la corte electoral departamental, del comité cívico, la prefectura y lo que ha dado en llamarse el consejo autonómico.

Ojear solo dos de los artículos del estatuto a consulta, basta para evidenciar cuáles son los reales derroteros. No solo se estipula la creación de un gobierno autónomo departamental sino que, además, se deja en sus manos la definición del «derecho propietario sobre la tierra; la regularización de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en Santa Cruz».

Más elocuente aún es que el documento pretenda que ese gobierno «controlará y fiscalizará la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se realice en el Departamento, y velará por la correcta aplicación del pago de regalías y de los impuestos que gravan la actividad».

De tal modo, quedarían en manos de los oligarcas los dos renglones más importantes de los recursos que constituyen la riqueza natural y el patrimonio de todos los bolivianos. Entonces, aquellos podrían restaurar los negocios depredadores que sometieron a Bolivia y llenaron sus bolsillos, a cambio de regalar el país a las transnacionales. Eso es lo que se define hoy.