23
Foto: AP Mauricio Castro, asesor legal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Costa Rica, afirmó recientemente en un debate nacional organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos «es un negociazo... pero para unos cuantos».
Este enfoque, sencillo y coloquial, sintetiza el trasfondo del acuerdo comercial que se someterá a votación el domingo 7 de octubre en Costa Rica. Primero, porque constituye para las cúpulas político-empresariales locales la oportunidad de incursionar en negocios millonarios, hasta ahora, en manos del Estado y, segundo, porque consolida un sistema absoluto de privilegios para las compañías trasnacionales.
Costa Rica es el único país signatario del TLC —donde también participan Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana—, que mantiene el monopolio natural de los seguros, las telecomunicaciones, la energía, los combustibles y otras áreas estratégicas de la actividad económica.
Por ejemplo, se estima que las utilidades en el mercado de las telecomunicaciones (Internet y telefonía celular) podrían alcanzar los 1 000 millones de dólares en el futuro, mientras que los seguros registran cada año ganancias por más de 325 millones.
El TLC es la culminación del proyecto económico neoliberal que los gobiernos de turno han implementado durante las últimas dos décadas, en detrimento de la calidad de los servicios sociales y del interés colectivo.
Los últimos gobiernos han debilitado, de forma sistemática y progresiva, las instituciones y las empresas del Estado que cumplen un rol social. Han alimentado la inconformidad y el malestar entre la población para justificar la reducción del aparato estatal, a través de la «apertura de los mercados», que no es otra cosa que la privatización de los bienes de producción.
Con la celebración del referendo, una nueva conquista para la democracia costarricense, los electores decidirán, por encima de los postulados del mal llamado «libre comercio», el modelo de desarrollo que quieren para su país. Esa es la esencia del debate nacional; debate que ha rehusado el mismo presidente de la República, Oscar Arias Sánchez, principal promotor del TLC.
Arias Sánchez es uno de los beneficiarios del TLC, ya que tiene participación accionaria en empresas productoras de azúcar y etanol (agrocombustible). Con el tratado, estos dos productos alcanzarían cuotas de acceso preferencial al mercado de Estados Unidos.
Los opositores han advertido y demostrado que su contenido terminará de socavar las bases del modelo social. La sociedad costarricense vive hoy de los réditos de las conquistas sociales de la segunda mitad del siglo XX; la corrupción y las políticas neoliberales han debilitado el sistema social solidario.
Contrario a los postulados oficiales, el TLC beneficia, principalmente, a los grandes sectores económicos, los mismos que han lucrado con el Estado y sus instituciones, y concentran la riqueza; y a las grandes corporaciones multinacionales, eje del nuevo orden económico mundial.
Menos de 50 empresas exportadoras instaladas en Costa Rica, en su mayoría de capital estadounidense, concentran más del 60 por ciento de las ventas al extranjero.
El Gobierno de la República se ha servido de los recursos económicos que ofrece la plataforma gubernamental para hacer proselitismo junto al sector privado. La propaganda es burda, agresiva y sin contenido.
Los sectores de oposición no han invertido ni siquiera el uno por ciento del monto total gastado por los promotores del TLC en publicidad radiofónica, televisiva y de prensa plana.
Pero, ni los empresarios, ni la administración Arias Sánchez, contaron con la oposición de un movimiento social pluralista que se conformó de forma natural, como respuesta a una campaña mediática orquestada desde las esferas más altas del gobierno y las cámaras empresariales.
Sin recursos, pero con dignidad, voluntad y la fuerza moral que ofrece la verdad y la defensa del interés colectivo, los costarricenses se han manifestado en contra. Las visitas a las comunidades y las charlas en los centros de estudio y de trabajo son sus herramientas. A pesar de las limitaciones, más de 100 000 personas abarrotaron las calles de San José el pasado domingo 30 de septiembre.
El TLC es un mal negocio para Costa Rica, pero es el «negociazo» de unos cuantos, de quienes con arrogancia y prepotencia, impulsan una campaña multimillonaria basada en la mentira y el miedo.
Miles de costarricenses acudirán este domingo a las urnas con la convicción de derrotar el neoliberalismo. Con su voto, dirán no. No a la entrega de la soberanía nacional, no a la mercantilización de la solidaridad, no al temor y la mentira; no al imperialismo.
*Alberto Rodríguez es un periodista costarricense.
