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CIUDAD DE GUATEMALA.—Los habitantes de Guatemala y El Salvador continuaban conmocionados este lunes por el asesinato de los cuatro policías acusados de matar a tres diputados salvadoreños y a su chofer la semana pasada.
Los policías fueron asesinados en la noche del domingo, cuatro días después de su detención en el penal El Boquerón —unos 80 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala—, considerada como una de las prisiones más seguras del país, que alberga a una población carcelaria vinculada a las violentas pandillas juveniles, dice EFE.
Los cuatro agentes fueron degollados y baleados, según un informe de los bomberos.
La ya tensa situación en la prisión se agravó cuando algunos reclusos tomaron como rehenes a seis trabajadores del penal, incluyendo al alcaide.
Luego de algunas horas de negociaciones, los secuestradores liberaron a los rehenes y permitieron el ingreso de la policía al área.
Versiones lanzadas por medios de prensa locales, citadas por DPA, indicaron que los amotinados, pertenecientes a las temidas pandillas juveniles, denominadas maras, se adjudicaron la autoría de los crímenes de los policías.
Según el ministro del Interior guatemalteco, Carlos Vielmann, el narcotráfico estaría detrás del asesinato de los policías, los cuales eran el jefe de la sección de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DINC), Luis Arturo Herrera; el oficial José Estuardo López ,y los agentes José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar.
A los cuatro se les acusaba del múltiple homicidio de los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, así como del custodio Gerardo Ramírez, el lunes pasado, en el kilómetro 36 de la carretera que conduce de la Ciudad de Guatemala a El Salvador. Los cuerpos de las víctimas aparecieron incinerados.
