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SAN JOSÉ.— Partidos de la oposición lograron desarticular las maniobras del gobierno para asegurar la ratificación del TLC en el Congreso y advirtieron que mantendrán su rechazo al acuerdo, al tiempo que organizaciones sociales sostienen su convocatoria a una gran manifestación de rechazo el día 26.
Buscando agilizar la aprobación en el legislativo, el ejecutivo que preside Oscar Arias había tratado de echar a andar el mecanismo conocido como «vía rápida», que habría asegurado la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el Congreso sin el debate que la oposición quiere para un convenio tan cuestionado.
Sin embargo, los representantes de esos partidos evitaron la aprobación de la «vía rápida», al presentar ante el legislativo una consulta sobre ese mecanismo, señaló PL.
José Merino, diputado del Frente Amplio, consideró inconstitucional el recurso que se quería instaurar y lo calificó como «un atropello más, en el afán de este gobierno neoliberal de certificar a toda costa el TLC».
La administración habría violado los procedimientos parlamentarios, advirtió.
Los hechos tienen lugar en medio de la puja desatada por la premura del ejecutivo en que el Congreso ratifique el tratado, firmado de manera conjunta por W. Bush, los presidentes centroamericanos y el de República Dominicana, en lo que se conoce por las siglas CAFTA-DR.
Pero para que el convenio entre en vigor debe ser ratificado por los respectivos congresos, trámite que solo falta por cumplirse en Costa Rica... y en los propios Estados Unidos, donde declaraciones de legisladores demócratas hacen pensar que existe cierta reticencia a dar el visto bueno de modo directo a los tratados firmados por Bush y que hay el deseo, al menos, de revisarlos.
Pero el cambio de la correlación de fuerzas en el Congreso estadounidense luego de la derrota republicana en los comicios legislativos de noviembre, todavía podría ocasionar otras molestias a Bush, quien este jueves declaró su deseo de que le sea extendido el fast track: la «vía rápida» que permite al presidente de EE.UU. firmar acuerdos sin permiso previo de las cámaras legislativas, y cuya vigencia vence en julio.
Mientras, la oposición política en Costa Rica y los ciudadanos de a pie se declaran dispuestos a dar la batalla para que el CAFTA no entre en vigor en su país.
Durante un encuentro televisado con el presidente Arias, el ex candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, dijo que el TLC era innecesario para Costa Rica y advirtió que los diputados de su bancada sostendrán el rechazo al acuerdo.
Solís también denunció que Arias quiso conseguir la aprobación congresional sobre una campaña de miedo que buscaba hacer creer que Washington aplicaría sanciones contra la nación, si el legislativo no ratificaba.
Para desmentirlo, el propio Solís viajó a EE.UU., dijo el periódico La Prensa Libre, y corroboró que no habrá castigos.
La misma beligerancia contra el CAFTA-DR mantiene el movimiento sindical y popular, que espera reunir a unos 50 000 costarricenses durante los actos de protesta del día 26. La jornada podría ser aún más amplia, pues los organizadores sopesan la posibilidad de que la manifestación esté precedida de un paro laboral en distintos sectores.
Para disuadirlos, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, amenazó el miércoles que el gobierno «se vería obligado a actuar y hacer respetar la legalidad» si las protestas «se salen de la vía normal y democrática».
