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Foto: AP Hace menos de una semana eran 18 000. Ahora son más de 21000. Y a Canarias, dice el presidente del gobierno autonómico, Adán Martín, se le está «acabando la paciencia».
Son los inmigrantes de las naciones al sur del Sahara —los mismos que llegan en rústicos botes— quienes están colmando la copa de la administración isleña este verano. Pero no solo ellos, sino además los fallos en el sistema de «protección» de la Unión Europea contra ellos.
Analizada la cuestión desde el punto de vista del gobierno canario, realmente hay algo de comedia en el hecho de que el bloque comunitario —en el que se inscriben algunas de las llamadas grandes potencias— sea incapaz de poner medios efectivos para la solución de la crisis migratoria, y que el dispositivo de intercepción de los cayucos solo cuente con tres barcos, un avión y un helicóptero para cubrir los 2 250 kilómetros que suman las costas de Cabo Verde, Senegal y Mauritania.
Resulta paradójico, por cierto, que dado el celo de las autoridades europeas en examinar minuciosamente a todo el que aborde un avión, prohibir que se viaje con perfumes o frascos de champú, o ubicar cámaras de vigilancia en las calles de sus urbes, exista tal escasez de medios en los mares de Canarias.
Tal vez para algunos se trata solo de «un problema de Madrid», lo que es una muy singular manera de entender a la UE como el «hogar común»...
Ahora es Canarias, pero en otros momentos ha sido la isla italiana de Lampedusa; otras, el estrecho de Gibraltar; otras, las costas de Grecia. Antes de esta explosión migratoria fue incluso a través de la reja que separa a Marruecos de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, una vía ahora en desuso, a partir del incremento de las ayudas económicas europeas al reino alauita. ¿Será pura casualidad que ahora sus controles fronterizos sí funcionen? ¡Porque es asombroso!
La otra queja del gobierno canario se relaciona con la acogida de los inmigrantes, los cuales —por ley— generalmente pasan 40 días en el archipiélago antes de ser enviados a la Península. No es que falte dónde ubicarlos, pero la idea de tomar para ese fin algunas de las 156 859 plazas hoteleras no les resulta precisamente grata a las autoridades, que ya piden doblar las capacidades de recepción en el resto de España.
Sí, porque en las islas creen que son demasiados inmigrantes y temen algún incidente violento. Ya no es solo el escandaloso detalle de que, luego de que cada africano firmaba su declaración ante las autoridades migratorias, los bolígrafos se botaban por temor a que estuvieran contagiados de alguna peligrosa enfermedad. También hay aprensión por posibles desórdenes, que provocarían pánico y alejarían a millones de turistas. Este jueves ocurrió un principio de altercado en un centro de internamiento en Fuerteventura, una de las islas. ¿Acaso un avance de lo que podrían ser las reacciones de quienes se ven impedidos de alcanzar su meta de dejar atrás una vida de pobreza?
Mientras, los políticos conversan. El comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Louis Michel, y la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, han propuesto compensaciones monetarias para quienes regresen de buena gana a África, y para ello se habla de un fondo de 3,6 millones de euros —¿y bastarán?—. Una fórmula del tipo «los amamos, pero quédense donde están».
Así, es previsible que los hombres, mujeres y niños de los cayucos, serán devueltos a sus países. Pero la semilla del problema no ha sido extirpada, y Europa no les ofrecerá una fórmula de justicia y desarrollo tal, que valga la pena no lanzarse nuevamente al mar.
